A raíz de los motines que se registraron simultáneamente en distintas cárceles de Colombia, operación criminal que dejó un saldo fatal de 26 muertos y un número indeterminado de heridos, empezó a barajarse la posibilidad de una liberación masiva de presos, en el marco del estado de emergencia decretado por el gobierno nacional para hacerle frente a la crisis del coronavirus. 

Para nadie es un secreto que los centros carcelarios de nuestro país registran elevadísimos índices de hacinamiento. Las cifras son escandalosas. Por ejemplo, en Barranquilla, el hacinamiento es del 100%, mientras que en la cárcel El Pedregal de Medellín hay más de 4700 internos, cuando su cupo máximo es de 2700. 

A nivel general, las 133 cárceles que hay en el país pueden recibir a poco más de 80 mil personas, pero actualmente albergan a 123 mil, una sobrepoblación del 53%.

El tema del hacinamiento carcelario, que es un problema que se ha venido enervando año tras año, no puede ser materia del estado de emergencia en el que se encuentra el país.

Es cierto que el asunto es delicado, pues la eventual expansión del virus en las cárceles del país, puede desembocar en una verdadera tragedia, pero aquello no significa que el Estado tenga como única alternativa la excarcelación masiva de presos. 

Primero, porque aquella medida no es necesariamente la más eficaz para controlar la pandemia. En términos generales, a nivel global hay consenso en el sentido de que el mecanismo idóneo para contener el contagio consiste en propender por el confinamiento de la sociedad, a través de cuarentenas prolongadas. Entonces, no suena lógico sacar a las calles a quienes ya están confinados, independientemente de las condiciones en que se encuentren. ¿Hay garantía plena de que aquellos presos que eventualmente sean excarcelados, efectivamente vayan a estar recluidos en sus casas? ¿Tienen casa? Una persona que lleva largos años purgando una pena de prisión, no posee los medios suficientes de subsistencia, razón por la que indefectiblemente se verá forzada a salir a la calle a buscar un trabajo para proveerse de los elementos básicos para su manutención. 

La defensoría del pueblo y el colegio de abogados penalistas, han liderado el debate y han hecho propuestas guiadas por motivos humanitarios, los cuales gozan de toda la legitimidad. Su iniciativa se centra exclusivamente, en evitar que el virus mortal acabe con la vida de miles de personas que padecen los rigores del hacinamiento carcelario.

Aquello está muy bien y no puede discutirse.

Pero la sociedad colombiana, que tiene en estos momentos suficientes motivos de angustia por la incertidumbre que ha generado la parálisis del país por cuenta de la pandemia, no puede ahora sumarle la incertidumbre que causará el hecho de que un importante número de personas con historial criminal sea liberado antes de tiempo. ¿Puede la ministra de Justicia garantizarle al país que ninguno de los delincuentes que sea favorecido con la excarcelación va a reincidir? 

Claramente, la doctora Cabello no tiene posibilidad ninguna de suscribir esa garantía.

Por eso, es razonable y perfectamente plausible la propuesta que ha hecho el fiscal general, Francisco Barbosa en el sentido de que, para hacerle frente a la situación, el gobierno emita un decreto a través del cual se habiliten determinados bienes incautados que están en poder de la SAE -Sociedad de Activos Especiales- para recibir temporalmente a algunos presos. Si bien aquella no es la solución a la grave crisis del hacinamiento, sí es una alternativa humanitaria que permite aislar a los presos que están en riesgo de infectarse o que estén infectados, sin que el Estado pierda el control de ellos, garantizándole a la sociedad su confinamiento y, lo que es más importante, que no estarán en libertad antes del tiempo establecido, ni en las calles del país esparciendo indiscriminadamente el virus.  

Este debate debe darse con seriedad, serenidad y sin generar falsas expectativas. Tampoco, puede procederse bajo amenaza, pues se ha venido diciendo que el gobierno debe acelerar la excarcelación de 10 mil presos para evitar un nuevo motín. Ni más faltaba que unos delincuentes pretendan poner contra las cuerdas al Estado. Igualmente, no hay que ser ingenuos: sea cual sea el número de personas que se vean beneficiadas por la excarcelación, aquellos que no puedan salir, estarán insatisfechos e intentarán presionar al gobierno. 

Por eso, la amenaza de los motines debe ser sustraída del análisis y la Fuerza Pública está en el deber de, preventivamente, mitigar cualquier connato de levantamiento. 

Al final del día, cuando esta pesadilla del coronavirus termine -si es que termina- la asignatura del hacinamiento carcelario seguirá pendiente y es deber de toda la sociedad, encontrar una solución porque al margen de la gravedad de los delitos que hayan cometido quienes están a buen recaudo de nuestra justicia, ellos son seres humanos que tienen derechos, empezando por el de estar confinados bajo unos estándares mínimos de dignidad. 

@IrreverentesCol

Publicado: abril 7 de 2020