Es loable la iniciativa del presidente Uribe de someter a consideración ciudadana un paquete de reformas estructurales que se hacen necesarias para el fortalecimiento democrático de la nación.
A través de un primer borrador, el exmandatario planteó 13 asuntos que, vistos con sensatez y serenidad, son impostergables. Entre ellos, la eliminación de la JEP, tribunal que goza del mayor de los descréditos por ser, en la práctica, un centro de impunidad.
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El anteproyecto también apunta a una reforma integral y definitiva de la justicia, como a la reducción del número de congresistas. Así mismo, plantea la creación de un tribunal de aforados, para superar -de una vez por todas- el cuello de botella generado por la polémica comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
En fin. Ninguna persona con un mínimo de sensatez podría cuestionar la relevancia de las materias que eventualmente serán sometidas a referendo, en caso de que logre materializarse la propuesta del presidente Uribe.
No hay nada más democrático y transparente que permitir que el pueblo, en su condición de constituyente primario, sea el que diga la última palabra respecto de asuntos de singularísima importancia como efectivamente son los que se proyectan en el borrador en cuestión.
Pero la ley que desarrolló la puesta en marcha de los distintos mecanismos de participación ciudadana, estableció unos requisitos bastante exigentes para que un referendo llegue a buen puerto.
Primero, para que el proyecto de referendo de iniciativa ciudadana pueda pasar a consideración del Congreso, se requiere que el mismo sea acompañado de por lo menos el 5% del censo electoral a través de su firma. En números, con base en el censo actual, se necesitan cerca de 2 millones de firmas, válidas y verificadas.
De acuerdo con la ley 134 de 1994 -directriz que regula los mecanismos de participación-, para que una norma sometida a referendo sea aprobada, es necesario que obtenga el respaldo de “la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando haya participado una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral…”.
Sobre la base de un censo electoral de 38.2 millones de personas, se necesita de la votación de 9.5 millones de personas y que la mayoría de ellas vote favorablemente a la aprobación de la norma que está siendo sometida a la consideración popular.
La cifra es en extremo elevada. El último presidente de la República -Iván Duque- fue elegido por 10.4 millones de votos. Menos de un millón más de lo que se exige para aprobar un referendo.
En los 29 años de existencia de la Constitución, solo se ha convocado a un referendo. Fue en el año 2003, cuando el presidente Uribe, cumpliendo una promesa de campaña, convocó al pueblo para que se pronunciara sobre 15 reformas que eran de jerarquía sustantiva.
Para efectos de simplificar el voto, pues los textos constitucionales son complejos, se incluyó la opción de la aprobar o improbar en bloque el articulado propuesto. La corte constitucional, en la sentencia de exequibilidad de la ley que convocaba a dicho referendo, hundió la posibilidad del voto en bloque, alegando que era obligatorio que los ciudadanos sufragaran individualmente por todas y cada una de las preguntas.
Esa sentencia, en la práctica, convirtió a un referendo, en quince referendos.
La oposición a la iniciativa del presidente Uribe, en vez de hacer campaña por el no, se fueron por el camino fácil de promover la abstención con el fin de que el referendo se hundiera por falta de votos, tal y como ocurrió.
De las 15 preguntas, únicamente pasó la primera.
Fue un duro revés para el gobierno de Uribe que llevaba un año en el poder y gozaba de una popularidad superior al 80%.
Ese antecedente, debe servir como punto de referencia para la propuesta que está en etapa de discusión y perfeccionamiento.
Al respecto, algunas preguntas que pueden ser útiles para el análisis: ¿Es prudente incluir tantas preguntas en el proyecto? ¿No será mejor diseñar un referendo con no más de 5 preguntas?
Ninguna batalla política está perdida hasta que no se cuente el último voto. Con ocasión del plebiscito de 2016, donde imperaron el matoneo y las descalificaciones contra los votantes del NO, todas las encuestas daban por descontado que la victoria del SI iba a ser aplastante. El sondeo menos entusiasta, preveía una diferencia superior a los 20 puntos porcentuales a favor de la aprobación del acuerdo Santos-Farc.
Contra todos los pronósticos, el NO se impuso en dichas elecciones.
Pero las dificultades del referendo están ahí y no es prudente subestimarlas. El umbral para lograr su aprobación es sumamente alto y la multiplicidad de temas que se proyecta incluir hará que su aprobación sea una labor realmente titánica.
Publicado: noviembre 20 de 2020
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