Esta semana tuve el gran honor de graduarme como Subteniente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva del glorioso Ejercito Nacional de Colombia. En una sublime ceremonia culminó un proceso de varios meses de aprendizaje dentro de esta institución, el cual reafirmó la pasión y el profundo sentimiento de gratitud que le tengo a todos los soldados y policías de Colombia y me llevó a realizar la presente reflexión.

La labor de estos grandes hombres y mujeres es, sin lugar a dudas, admirable. Desde el desplegar operaciones de varios meses en los ambientes más inhóspitos de la selva hasta los detallados seguimientos de inteligencia y contra inteligencia, el trabajo de nuestra Fuerza Pública es vital para el correcto devenir de nuestro País.

Sin embargo, mientras recorría varias regiones de la Patria y presenciaba el abnegado servicio de los miembros de la institución me cuestionaba acerca de la gran inseguridad jurídica a la que están sometidos mientras desarrollan sus labores.

¿Cómo se le pide a un militar que cumpla con su labor cuando después le van a abrir un sinfín de procesos hasta juzgarlo por el color de las botas que utilizó el día de las operaciones? ¿Cómo se le pide a un soldado que actúe con contundencia contra el narcotráfico y el terrorismo cuando 10 o 20 años después de la operación un juez, que nunca ha portado un fusil, desde la comodidad de un escritorio va a juzgar su accionar? ¿Cómo se le pide a un policía que arriesgue su vida combatiendo criminales cuando sentencias injustas manchan el honor de toda una vida de correcto servicio? 

Este tipo de preguntas –aunque les parecen ridículas a ciertos sectores- rondan a diario por la mente de los soldados y policías de Colombia, quienes tienen que ver cómo cientos de miembros de las instituciones castrenses son llamados a responder por supuestas irregularidades juzgadas por personas sin la autoridad moral ni profesional para cuestionarlos.

La desafortunada imagen, por ejemplo, del gran General Montoya, artífice de los mayores golpes militares a las Farc, ingresando a la JEP a ser juzgado por un tribunal compuesto en su mayoría por contratistas del Gobierno Santos y abogados que se han enriquecido a costa de demandar al Estado ante instancias internacionales es, sencillamente, dolorosa e inaceptable.

Las Fuerzas Militares y la Policía requieren y merecen un sistema de juzgamiento que respete el fuero penal militar, que garantice que solo un militar pueda juzgar a otro militar y que cualquier tipo de sesgo ideológico está por fuera del accionar del juez que tiene a su cargo el proceso.

El nuevo Gobierno Duque, en cabeza del gran Ministro de Defensa designado, ha liderar esa batalla en nombre de todos nuestros soldados y policías, de tal manera que le podamos garantizar a aquellas personas que entregan por completo su vida a la protección de 50 millones de colombianos que están bajo la supervisión de un sistema justo y no son perseguidos por jueces politizados que no tienen la menor idea de las situaciones que vive un héroe cuando porta el camuflado en la hostilidad de las operaciones.

@Tatacabello

Publicado: julio 26 de 2018