La expresión nudo gordiano alude a situaciones complejas que no es fácil resolver por las buenas, sino de modo tajante y sin contemplaciones.

Pues bien, la Colombia de hoy está plagada de nudos gordianos y quien aspire a gobernarla con acierto tiene que estar dispuesto a hacerles frente con decisión inquebrantable.
El listado de esos nudos gordianos es extenso. Señalaré algunos de los más apremiantes.
Se atribuye a James Canville, asesor de Bill Clinton en la campaña presidencial de 1992, esta frase que se convirtió en caballito de batalla que lo condujo al triunfo sobre su contrincante republicano George Bush padre: “Es la economía, estúpido”.
Pues bien, el legado que en materia económica nos deja Juan Manuel Santos es, por cualquier lado que se lo mire, un sartal de estupideces: reducción alarmante de los índices de crecimiento, elevación desmesurada del gasto público y la deuda externa, penuria fiscal, baja de la inversión extranjera, desempleo en auge, tributación desmesurada, catastrófica revaluación del dólar, graves y apremiantes problemas insolutos, como las cargas pensionales y la deuda con el sistema de salud, etc.
Santos quedó con la mala costumbre que adquirió como ministro de Hacienda de Andrés Pastrana de gastar a manos llenas hasta dejar exhausto el tesoro público. A Álvaro Uribe Vélez le tocó recibir la “olla raspada” y lo mismo le entregará Santos a quien tome posesión del oficio presidencial el próximo 7 de agosto.
De ahí que los candidatos que aspiran a sucederlo deberían ocuparse de ver cómo enderezan una economía desbarajustada, en lugar de andar prometiendo el oro y el moro como si en tiempo de vacas gordas estuviésemos. No sería de extrañar que el beneficiado con la rifa del tigre tuviera que inaugurar su período presidencial con una emergencia económica y social, con más razones que las que asistieron a López Michelsen en 1974 o a Uribe Vélez en 2002.
Nudo gordiano inextricable como el que más es el que sirve de amarre del NAF, que Santos impuso contra la voluntad expresa del pueblo colombiano y valiéndose de argucias propias de las raposas jurídicas de que hablara hace años Laureano Gómez.
Los candidatos que dicen que hay que cumplir esos acuerdos, así sea con los ajustes introducidos por el Congreso y la Corte Constitucional, parecen no haberlos leído y, si lo hicieron, parece que no los entendieron. Baste con detenerse en lo que cuestan, que hay quienes  calculan en doce billones de pesos anuales a lo largo de una década. Encuentro en Google un interesante ejercicio que elaboró ANIF para  Fasecolda en octubre de 2016, según el cual e las implicaciones fiscales del NAF podrían afectar el 3.5% del PIB en los años venideros.
No cabe duda de que el país tiene severas deudas pendientes con el campo y las víctimas del conflicto armado. Pero hay que reconocerlas en la medida de sus posibilidades y mediante criterios racionales. Esto abre, desde luego, la discusión sobre el modus operandi de la puesta en marcha de lo convenido en el NAF.

Pero fuera de los aspectos crematísticos del asunto, hay que considerar otros de carácter institucional, como las ventajas exorbitantes otorgadas a las Farc en desmedro de la democracia que se aspira a profundizar, el monstruo de la JEP que entroniza una justicia de partido y lo que significa que las Farc no estén cumpliendo lo acordado, pues no se desmovilizaron en su totalidad, no entregaron todas las armas y persisten en el narcotráfico.

El resultado de las negociaciones en La Habana no es la paz, sino la multiplicación de los cultivos de coca y el incontenible fortalecimiento del narcotráfico. Enfrentar estos fenómenos criminales que son causa de violencia, corrupción y otros males atroces es uno de los grandes retos del próximo gobierno, que ya no podrá contar con recursos suficientes y una fuerza pública motivada para actuar. El país está prácticamente en poder de las bacrim. Si en algún momento se justificaría el Estado de Conmoción Interior es el presente, pero el modo como se lo ha regulado y sobretodo como lo ha interpretado la Corte Constitucional lo hacen inocuo.

Y acá tocamos uno de los nudos más lesivos: una justicia que desde hace tiempos vengo diciendo que está ideologizada, politizada y corrompida. Llamarla al orden es uno de los más urgentes imperativos de la hora actual, pero la Corte Constitucional, en una de sus atrevidas usurpaciones del poder constituyente, ha impuesto la tesis de que solo es posible hacerlo por medio de una asamblea elegida con ese propósito. El presidente venidero tendrá que habérselas con una Corte elegida amañadamente para darle gusto a Santos. ¿Cómo hacer que se ciña rigurosamente al papel que le asigna la Constitución de ejercer la guarda de su integridad y su supremacía?

Por si todo esto que Celedonio Esteban Flores llamaría el “desfile de las inclemencias” fuera poco, lo que Santos llamaba jactanciosamente su “urna de cristal” es un vertedero de inmundicias cuyas mefíticas exhalaciones tienen a Colombia al borde de la asfixia. Hay corrupción por todas partes y una de sus peores secuelas es la desconfianza del pueblo en las autoridades que lo gobiernan, cuando no la corrupción del propio pueblo, que llega a solidarizarse con dirigentes depravados que tratan de seducirlo con los halagos demagógicos del populismo. Como dicen por ahí algunos cínicos, si todos roban, preferimos a los que roben para nosotros y nos hagan partícipes de sus peculados.

En fin, el que tome en sus manos las riendas del poder cuando afortunadamente Santos diga adiós, tendrá que atender apremiantes demandas tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestras clases populares. Pero, ¿con qué recursos?

Publicado: abril 26 de 2018