Desde que se relajó la lucha contra el narcotráfico y el Gobierno Nacional comenzó a arrodillar al Estado ante las guerrillas, se ha venido perdiendo el Imperio de la Ley en Colombia. Por tanto, no resulta extraño el alto nivel de inseguridad imperante y los constantes ataques contra la Fuerza Pública. Debemos devolverle capacidad de acción a nuestros policías y militares y así recuperar parte de la confianza perdida en nuestras instituciones.

Hechos lamentables como los ocurridos en Nariño recientemente han minado el respeto que por años la población civil le tuvo a la Fuerza Pública, al tiempo que el presidente Santos consiguió atarles de manos y revertir 20 años de avances contra la ilegalidad. Situación crítica que nos está convirtiendo en una vergüenza mundial como se evidenció con la amenaza de descertificación por parte de Estados Unidos.

Esta amenaza es consecuencia del incremento absurdo de cultivos ilícitos durante los últimos años, crecimiento que ha afianzado y estimulado el envío de coca, pasta de coca y cocaína al exterior. Como si fuera poco, las redes de microtráfico y el consumo local también están fortalecidas dentro del País y no existe una política contundente para contrarrestar este flagelo.

Así, resulta obvio que los enemigos del Estado son fuertes y están más que dispuestos a atacar a civiles y Fuerza Pública con tal de mantener funcionando el negocio de la droga, como lo demuestran los acontecimientos de los últimos días: 3 policías presuntamente asesinados por el ELN en el Cauca, los 6 campesinos cocaleros asesinados en medio de una situación confusa en Tumaco y las balas que recibió el helicóptero del Ejército mientras sobrevolaba zona cocalera en Nariño.

No puede ser que por buscar la “Paz” con narco-guerrillas terroristas, el Estado se muestre dispuesto a convertir a Colombia en un problema para el mundo, cuando nuestra Nación ha sido reconocida por sus grandes aportes a la estabilidad económica y democrática de América.

Es necesario que el próximo Gobierno Nacional, de la mano de un nuevo Congreso de la República en el 2018, decida ponerle un alto al narcotráfico y a la compleja situación de orden público que genera. Tenemos que proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes del consumo de estupefacientes, restaurar los valores de esta sociedad y garantizar de nuevo el Imperio de la Ley y la autoridad en beneficio de la gente honesta y pujante que tiene Colombia.

@ChriGarces

Publicado: octubre 20 de 2017