Los colombianos votaron por hacer cambios de fondo en por lo menos 7 aspectos del acuerdo con las Farc.

El 2 de octubre, 6.431.376 colombianos concurrieron a las urnas para votar NO a la implementación del nocivo acuerdo suscrito entre Santos y el jefe de las Farc, el extraditable Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.

Esos colombianos no votaron porque se cambiaran unas comas o unos puntos al acuerdo, ni porque querían modificar ciertos aspectos de la mecánica del mismo. No. La negativa fue frente a los aspectos sustantivos del mismo y no a asuntos menores como el gobierno ha querido insinuar, desconociendo de paso el veredicto de la democracia.

Claro que para Santos la victoria del NO fue una bofetada que jamás esperó. El gobierno daba por descontada la victoria del SÍ. La votación era pura cuestión de trámite. Santos con su mermelada, con la repartición de casas gratis días antes de la votación, con el apoyo irrestricto de los corruptos conocidos como los ñoños, respaldado por los grandes medios de comunicación, “bendecido” por la denominada Comunidad Internacional estaba perfectamente convencido de que volvería trizas a la oposición que con humildad pero con argumentos sólidos hizo campaña por el NO.

Al final, la razón se impuso frente a la corrupción santista y el resultado es parecido al de aquel combate que recoge el libro bíblico de Samuel entre un débil pero convencido David y el fuerte y perverso Goliat.

El 50.21% de los ciudadanos que acudieron a los puestos de votación instalados durante el plebiscito exigieron, votando por el NO, cambios de fondo en el acuerdo, particularmente los siguientes:

  1. Penas efectivas para los delitos de lesa humanidad. No se acepta que los responsables de crímenes como el reclutamiento forzado de menores, secuestro, masacres, desplazamiento forzado, atentados contra el medio ambiente, sean investigados y “castigados” por una justicia especial que pretende ponerles penas simbólicas que en ningún caso significarán cárcel. Los colombianos exigen penas de prisión, así sea por un periodo corto de entre 5 y 8 años en un centro penitenciario.
  2. Narcotráfico no puede ser considerado conexo al delito político. Al elevar el narcotráfico a la condición de conexo del delito político, Colombia será un narcoestado. Es preocupante el crecimiento de cultivos ilícitos que, coincidentemente, se viene observando desde que se instaló la mesa de La Habana. Nuestro país es, como bien apuntó el exprocurador Ordóñez, un verdadero “mar de coca”. Como revelaron LOS IRREVERENTES, sobre los 13 principales cabecillas de las Farc pesan recompensas que oscilan entre los 2.5 y los 5 millones de dólares, pues son reclamados por distintas cortes de los Estados Unidos que los investiga por los delitos de narcotráfico, secuestro y homicidio. (Puede leer “Los extraditables de las Farc”)
  3. Justicia Especial de Paz. Resulta nocivo que se establezca un sistema judicial paralelo en Colombia, prevalente sobre la justicia ordinaria, con poderes omnímodos y jueces extranjeros que administrarán justicia desconociendo principios elementales como la cosa juzgada, el non bis in ídem y el juez natural. Así mismo, no se sabe con cuál código penal y de procedimiento penal operará aquel tribunal que parece diseñado para castigar judicialmente a todos los colombianos que de una u otra manera enfrentaron a la guerrilla, mientras que garantizará impunidad total para los terroristas.
  4. Participación en política: Es natural que las Farc una vez dejen las armas quieran crear un partido político para actuar en la democracia. Hasta ahí no hay inconveniente alguno. Lo que resultó inadmisible para los ciudadanos que votaron por el NO es que el acuerdo haya permitido que los responsables de delitos atroces y crímenes de guerra queden facultados para ocupar cargos de elección popular y puestos de libre nombramiento en la administración pública. Así mismo, se votó en contra de que el eventual partido de las Farc se quede con 26 curules en el Congreso de la República.
  5. El capítulo denominado “Reforma Rural Integral” que establece un banco de tierras de 10 millones de hectáreas y que pone en grave riesgo la propiedad privada en el campo colombiano mereció un rechazo generalizado en sus aspectos más importantes por parte de los electores.
  6. La equiparación de los miembros de la Fuerza Pública con los integrantes de la guerrilla para efectos de darle un tratamiento similar en materia jurídica, causó indignación en los votantes del NO que no aceptaron que quienes defendieron a la Patria de la amenaza terrorista sean igualados a quienes atentaron contra la sociedad. A los guerrilleros de la base, que no estén incursos en delitos atroces ni imprescriptibles, se les puede conceder una amnistía y a los soldados que están siendo procesados debe dárseles alivios judiciales que empiecen por concederles la libertad inmediata en los casos donde haya privación de la misma.
  7. Igualmente, el acuerdo se inmiscuye en aspectos exóticos como la ideología de género que pone en grave riesgo la estabilidad y la estructura de la figura tradicional de familia. Nada tiene que ver el debate de género con la violencia en Colombia, razón por la que ese aspecto no debe ser negociado con un grupo dedicado al terrorismo.

Como se nota claramente, el rechazo de los colombianos al acuerdo Santos-Timochenko no es por temas menores, ni por sutilezas en la redacción del mismo. Yerra de manera grave la soberbia canciller samperista María Ángela Holguín al tratar con desprecio y desdén a la oposición que lideró el voto por el NO, porque al fin y al cabo el gobierno, duélale a quien le duela, es un perdedor en la democracia y el uribismo, acompañado por otros sectores, es el gran vencedor.

@IrreverentesCol