A pesar de que el Senado hundió las 16 curules para las Farc, el gobierno intenta desconocer decisión del legislativo.

Perplejos. Así quedaron los principales representantes del gobierno y los aliados de la banda terrorista de las Farc que estaban presentes en la plenaria del senado en la sesión en la que se votó la aprobación del proyecto que buscaba incorporar 16 curules para los grupos afines a las Farc, en la cámara de Representantes.

Iván Cepeda y el ministro del interior, el putumayense Guillermo Rivera no salían de su asombro cuando, después de los 20 minutos que duró abierta la votación, el secretario de la corporación, el también santista Gregorio Eljach, muy a su pesar tuvo que certificar que no se habían alcanzado los votos suficientes para que dicho proyecto fuera aprobado.

Quedó liquidada entonces una de las más burdas concesiones que el gobierno de Santos le había dado a la guerrilla de las Farc. Además de las 10 curules directas que les fueron garantizadas -5 en el senado y 5 en la cámara-, estas 16 adicionales eran absolutamente inaceptables.

El gobierno, que es mentiroso , tramposo y se burla de los colombianos de forma reiterad, se inventó el cuento de que aquellas curules eran “para las víctimas”, tesis deleznable e inverosímil, pues lo cierto es que esos escaños serían adjudicados a “líderes” de las regiones donde las Farc históricamente han tenido presencia criminal y en las que hoy en día continúan ejerciendo presión armada a través de sus “disidencias”, que no son otra cosa que el brazo armado que el gobierno, de facto, les permitió mantener.

En la recta final del abusivo Fast Track, al gobierno le salieron muy mal las cosas. La cuestionada JEP, herramienta con la que las Farc quedarían con el poder absoluto en materia judicial, fue drásticamente peluqueada, empezando por el hecho de que los civiles tales como empresarios, periodistas, comerciantes y demás, no podrán ser conducidos a los tenebrosos salones de ese perverso tribunal. Así mismo, se estableció un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que fija unas reglas muy claras para la designación de sus magistrados, las cuales, de entrada, bloquean el paso para que muchos de los que fueron elegidos puedan posesionarse en sus cargos, por su evidente sesgo. El deber ser de cualquier tribunal de justicia es que sus integrantes sean imparciales; en la JEP, la regla general es que la gran mayoría de sus miembros tiene inclinaciones abiertamente favorables a la guerrilla de las Farc, lo que ilegitima aún más a ese mecanismo que supuestamente tiene la función de investigar y sancionar los delitos cometidos por los miembros de esa banda delincuencial.

El hundimiento de la macabra reforma política, dictada desde los cuarteles de Timochenko y defendida en el congreso de la República por Roy Leonardo Barreras, es una de las grandes noticias para Colombia, pues ésta, particularmente, abría la compuerta para que las Farc pudieran inyectarle todo el dinero maldito que poseen, fruto de sus actividades de narcotráfico, a las campañas que emprenderán a partir de ahora.

Aquella reforma, en la práctica, pretendía cercenar los derechos de los partidos establecidos, a la vez que abonaba el terreno para que estructuras como las Farc tuvieran una suerte de cheque en blanco que les permitía hacer lo que quisieran.

En dicha reforma había un fantasma que generaba preocupación: la incorporación del voto electrónico, mecanismo que pone en grave riesgo la libertad política del país. Si la dictadura venezolana ha podido robarse todas las elecciones de los últimos años ha sido gracias al voto electrónico.

Pero el broche de oro, definitivamente, fue el hundimiento de esas 16 curules, una absoluta desproporción que generaba rechazo en la inmensa mayoría de colombianos.

Preparando la trampa

El de Santos es un gobierno que no respeta los resultados de la democracia. Con total desparpajo, se robaron el resultado del plebiscito del 2 de octubre del año pasado y con el mismo cinismo, el ministro del Interior está intentado hacer trampa frente al resultado de la votación observada en el senado de la República.

De acuerdo con la ley que fija el reglamento del congreso de la República, se requerían 51 votos para que la iniciativa fuera aprobada y solamente consiguieron 50. En consecuencia, la iniciativa quedó improbada.

No habían pasado 3 horas desde que se confirmara el resultado, cuando el ministro Rivera salió con la estrambótica tesis de que como la composición del senado varió debido a que 3 de sus integrantes –todos del partido de La U- fueron suspendidos, el cómputo para determinar la mayoría absoluta debe hacerse sobre 99 y no sobre 102 senadores.

Según el enrevesado ministro, los 50 votos obtenidos constituyen la mayoría requerida, razón por la que, en palabras suyas, el proyecto fue aprobado.

A través de una carta desafiante y con tono amenazante, Rivera le exigió al presidente del senado, Efraín Cepeda que proceda a “remitir el proyecto aprobado para la promulgación correspondiente”.

Si el presidente del congreso accede a cumplir la orden impartida por el ministro del Interior, estaría habilitando un golpe de Estado por parte del gobierno que, apelando a razones totalmente mentirosas, busca pasarse por la faja la decisión legítima y libérrima adoptada por el senado.

@IrreverentesCol

Publicado: Diciembre 1 de 2017