De nada sirve una nueva ley antivandalismo si el Gobierno no se amarra los pantalones y actúa con firmeza contra la delincuencia. Más allá de elevar las penas, lo realmente importante es que el ejecutivo haga cumplir el marco normativo que ya existe y que le da un amplio catálogo de facultades que poco o nada se han utilizado los últimos meses.

Han pasado varias semanas desde que se acabó el dichoso paro y es la hora en que no se entiende cómo el Gobierno permitió que la violencia se escalara a semejantes proporciones. La producción empresarial del Valle del Cauca quedó prácticamente paralizada durante un mes y el Portal de las Américas se convirtió en el nuevo Bronx de Bogotá.

El País perdió más de $10 billones, la reactivación económica se fue al piso y la tasa de desempleo se estancó. Todo gracias a una estructurada ola de violencia que estuvo a punto de doblegar a la institucionalidad tras la debilidad de la Casa de Nariño.

¿Faltan leyes para contrarrestar estos fenómenos? Por supuesto que no. Para levantar un bloqueo en una carretera no se necesita que el Congreso expida una nueva Ley o que un juez dé el visto bueno, sino que el Comandante en Jefe de la Fuerza Pública despliegue a los uniformados en la zona y ejerza la legitima autoridad del Estado para reestablecer el orden público, mientras, al mismo tiempo, les brinda todo el respaldo político e institucional a los soldados y policías de la Patria.

Nada más por poner un ejemplo, la obstrucción de vías públicas es un delito vigente en el Código Penal, con lo cual la Policía tiene la competencia suficiente para capturar en flagrancia a aquellos que incurran en esa conducta para posteriormente ponerlos a disposición de la Fiscalía para que sean judicializados, al mismo tiempo que el ente acusador puede proceder a realizar la extinción de dominio de los bienes que sean utilizados para tal fin.

Además, de no ser suficientes estas medidas, la Constitución faculta al Presidente para que decrete el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional o en una zona puntual cuando no sea posible reestablecer el orden público a través de las facultades ordinarias, herramienta a la que ciertamente debió haber acudido Duque para remover temporalmente del cargo al Alcalde de Cali, quien acolitó que el terrorismo urbano convirtiera a esa ciudad en un sangriento campo de batalla.

Para poner esta realidad en contexto, prácticamente con el mismo marco legal el Gobierno Uribe logró disminuir en un 92% los secuestros, los homicidios en 46% y nunca se permitió que una protesta paralizara la producción de un Departamento.

Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no puede ser útil un incremento de penas contra el vandalismo. Por ejemplo, el Decreto que en su momento expidió el Presidente Trump para proteger los monumentos federales y que contemplaba penas de cárcel de hasta 10 años para quien los destruyera permitió acabar con los motines que estaban tumbando las estatuas de los padres fundadores y los generales confederados a lo largo de la Unión Americana.

Sin embargo, y reitero, de nada sirve incrementar las sanciones administrativas o penales si falta el carácter para hacer cumplir la ley. Por eso, en vez de desviar la atención con propuestas que no van para ningún lado, el Gobierno debería dejar de generar tantos espacios de concertación que terminan legitimando a la violencia como principal mecanismo de presión y, por el contrario, utilizar a plenitud las amplias competencias que hoy en día tiene para salvaguardar y reestablecer el orden público en el País.

@LuisFerCruz12

Publicado: julio 7 de 2021