“Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por las Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia.” Álvaro Uribe Vélez

Inaceptable que la misma entidad que hace apenas unos meses diera tan magnánimo tratamiento a un narcoterrorista de la talla alias “Santrich”, a sabiendas de los riesgos que la decisión de dejarlo en libertad acarreaba, sea la misma que hoy imponga medida de aseguramiento de detención preventiva, a un individuo que en vez de un tenebroso prontuario delictivo como el del narcoterrorista, tiene la más extensa y honrosa hoja de vida de servicios prestados al país.

¿Acaso utiliza la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diferentes raseros a la hora de aplicar la ley? Porque es innegable que a la luz de derecho, el usado a la hora de evaluar y otorgar garantías al bandido “Santrich” no se corresponde con el del expresidente. Como dicen los entendidos, esa arbitraria decisión “no resiste prueba de compatibilidad jurídica” alguna, en cambio, deja al descubierto flagrantes violaciones a la ley por parte de la CSJ, y una abierta y sistemática persecución política en contra de Álvaro Uribe, como parte de un plan para desestabilizar la democracia colombiana.

Ante la imposibilidad de vencerlo en las urnas durante los últimos 20 años,  guerrilleros, detractores políticos sustentados por esas opacas corrientes socialistas extranjeras que vienen instigando por toda Latinoamérica, aupados con dineros de la coca en la que estamos navegando, no han cejado en su empeño de tomarse la “joya de la corona”, y ya dieron el primer zarpazo.

Sacar del juego político al individuo más votado en la historia nacional, a la figura más representativa de la democracia colombiana, con el concurso de las cortes prevaricadoras, las del “cartel de las togas” expertas en ventas de sentencias y elaboración de fallos políticos, como en alguna ocasión las oímos decir.

Mientras tanto, en coro desde el Congreso donde nos los dejó muy instalados el del Nobel, las FARC le exigen al expresidente que se comporte, que acate y respete la justicia.

Infame que un criminal de lesa humanidad como alias “Carlos Lozada” tenga el descaro de decir que “para lograr la paz y la reconciliación es necesario que Uribe responda por sus crímenes”, mientras ellos niegan olímpicamente sus más repugnantes fechorías porque se saben al amparo de otro “honorable” tribunal: la JEP

Urge el levantamiento de la reserva sumarial de ese proceso para que el país conozca toda la impudicia de los magistrados y del demandante, y quede en evidencia el apremio de una reforma estructural a esa Rama De Poder Público.

Al expresidente le digo que la mayoría de colombianos, independientemente de los diferentes matices políticos que cobijan a unos y otros, somos demócratas convencidos y vamos a ayudarlo a conseguir su libertad, del mismo modo que él una vez nos liberó a nosotros. No está derrotado,  cuenta con un ejército de ciudadanos en pie de lucha, armados de ideas e ideales republicanos para reclamar derechos con base en principios democráticos.

Una vez más le digo ¡ánimo expresidente! ¡No está solo!

@cdetoro

Publicado: agosto 15 de 2020