Uno de los peores efectos de las recientes decisiones judiciales contra la fuerza pública, es la desmoralización que aquellas genera en el seno de las instituciones militares y de policía.
El respaldo y el respeto ciudadano a las fuerzas del orden son elementos fundamentales para la lucha eficaz contra la criminalidad. La legitimidad es esencial para la victoria en cualquier guerra.
Y Colombia está en guerra contra el narcotráfico y sus manifestaciones terroristas en las ciudades, expresiones que -está comprobado- son comandadas por los grupos terroristas Farc y Eln.
No puede seguir haciendo carrera la tesis manida de que las arbitrariedades deben ser acatadas, con el cuento de que aquellas son ordenadas por la rama jurisdiccional.
Lo injusto, lo que va en contra de los intereses superiores de la Patria, en ningún caso debe ser acatado.
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El ministro de Defensa Nacional ha tenido que cumplir sus funciones en medio de grandes dificultades. Llegó al cargo cuando su antecesor, el doctor Guillermo Botero Nieto, tuvo que salir despavorido ante una inminente moción de censura. La oposición de la extrema izquierda, desde el 7 de agosto de 2018, tiene a la Fuerza Pública en la mira, señalando a nuestros militares y policías de toda suerte de crímenes, sin aportar una sola prueba.
La gran majadería empezó a gestarse con el cuento de los supuestos perfilamientos y seguimientos por parte de una brigada del Ejército. Aquello, que en cualquier otro país no habría sido más que un motivo de burla -obtener unas fotografías y unos datos de redes sociales abiertas, en ningún Estado serio se considera como una actividad de espionaje-, en Colombia fue presentado como un escándalo mayúsculo cuyo epílogo fue la salida de la comandancia del Ejército nacional de un gran oficial: el general Nicacio Martínez.
¡Claro que la moral de la Fuerza Pública está en el suelo! Nadie puede negar las lamentables situaciones que se han presentado y los hechos puntuales que han ocurrido. Pero nada de ello responde a una política institucional, ni mucho menos a una línea de comportamiento permanente. Lo que menoscaba el espíritu de lucha de nuestros uniformados es la persecución, el matoneo, la generalización mezquina y la forma tramposa como se intenta sacar ventaja política de los impasses que se han presentado.
Sea lo primero reclamar el respeto a la presunción de inocencia de nuestros uniformados encartados en causas judiciales. Igualmente, debe garantizárseles el debido proceso y la oportunidad de ejercer una defensa apropiada en el marco de las investigaciones que están surtiéndose.
El señor presidente Duque, así mismo, enviaría un mensaje equivocado si afloja en el discurso de la seguridad. En momentos críticos como los que se viven, los líderes tienen el deber con sus gobernados de ejercer a plenitud su condición de comandantes supremos de las fuerzas del orden.
Los terroristas están de plácemes. Vemos cabecillas del mal, amenazando a través de redes sociales y publicando con toda desfachatez su número de teléfono para que sus víctimas los llamen.
Sabemos, igualmente, que la situación que se padece en la capital de la República, no responde a una serie de “manifestaciones pacíficas”, sino a actuaciones de terrorismo debidamente planificadas y ejecutadas desde los campamentos del crimen organizado.
Está perfectamente establecido entonces que la extrema izquierda, coligada con grupos armados ilegales, quiere destrozar a la democracia. Y esa provocación no se responde con actitudes dubitativas y tibias, sino con contundencia. En consecuencia, el contraataque a la amenaza terrorista debe estar revestido de implacabilidad.
Publicado: septiembre 28 de 2020
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