Tras la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en todos los países miembros se asumió supuestamente la responsabilidad de proteger el máximo derecho que posee el ser humano: La Vida, y consecuencialmente todos los demás derechos que de allí se derivan y que hacen posible una normal subsistencia de las personas dentro del sistema de gobierno al cual pertenezcan.

En Colombia, desde ese entonces, se han consagrado dentro de su ordenamiento jurídico una serie de normas que propenden por el respeto y la protección de los derechos humanos de los colombianos; sin embargo, muchas veces, las leyes y pronunciamientos jurisprudenciales que al respecto se han dictado, se han quedado en simple letra muerta dentro los fríos códigos y anaqueles judiciales.

En nuestro país todo gobernante sabe muy bien que la función primordial del Estado es la protección y defensa de los derechos humanos sin distingo de clase, raza o sexo; pero, lastimosamente, debido a la violencia que nos azota y que se manifiesta bajo diversas modalidades, tenemos “una espiral de terror-represión” en que se pierde todo respeto hacia ellos.

Para nadie es un secreto saber que aquí, hemos llegado a un alto grado de descomposición social en donde ya nadie confía ni en su propia sombra..

El presidente Iván Duque reitera una y otra vez que no ahorrara esfuerzos en aras de garantizar los derechos humanos y para brindarles protección a sus activistas y defensores que vienen siendo asesinados por todo el país; sin embargo, hasta el momento no se sabe , a ciencia cierta, de dónde es que provienen las balas criminales.

Pues, según en un informe de la periodista y magister en ciencias políticas Sirley Muñoz Murillo coordinadora de Comunicaciones, Incidencia y Sistema de Información del Programa Somos Defensores, a pesar de las numerosas alertas emitidas por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se registra un aumento constante de la violencia contra las personas que luchan por los derechos humanos en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Ese año se reportaron 481 ataques contra los defensores, el año siguiente hubo un aumento del 16% y se reportaron 560 casos, en 2018 el aumento llegó al 44% y el número de casos a 805, y en 2019 hubo un aumento del 5% y un total de 844 casos.

“De acuerdo con el informe titulado El virus de la violencia del Programa Somos Defensores, durante el primer semestre de este año, 95 defensoras y defensores fueron asesinados, lo que quiere decir que los asesinatos aumentaron en un 61% en comparación con el mismo período de 2019. Además, 452 personas fueron víctimas de amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y robos de información”.

Pero, ¿por qué el gobierno tiene que esperar a que las cifras sobre violaciones y muertes de defensores de derechos humanos siga creciendo para dizque tomar decisiones? Frente a esto, surge otra pregunta, ¿por dónde anda la responsabilidad del Estado para proteger los derechos humanos y a sus defensores?  

Interrogantes que, sin lugar a dudas, hoy más que nunca necesitan una respuesta urgente por parte del gobierno de Iván Duque  y sus organismos de investigación  y de seguridad para que se acabe con las macabras acciones de acallar  las voces de las y los defensores de los derechos humanos en este país de contraste.

@Soluepastas

Publicado: diciembre 9 de 2020