Si algo ha probado el vandalismo en que degradaron las movilizaciones pacíficas, es el rotundo fracaso de la educación en Colombia.
Es claro que los graves y reprobables hechos acaecidos son actos deliberados de sedición, que demuestran la cercanía de algunos colombianos al delito y a las vías de hecho, así como su desprecio por la educación y el derecho.
Si se quieren establecer las causas que han originado tanta violencia, anarquía y caos, en principio se podrían señalar, la corrupción, el desempleo y la precaria redistribución del ingreso. Pero más allá de estas justas causas, y lo que es el verdadero origen de ellas, es la falta de educación y, asociada a ella, la alta tasa de natalidad en los sectores más pobres y vulnerables, siendo claro que la expansión demográfica del país es cada vez más alta y rápida, y muy superior a la de cualquier otra nación de las llamadas visiblemente emergentes, y en especial, frente a las naciones más avanzadas y civilizadas.
Se quiera o no, el incremento demográfico desordenado de una nación, está directamente asociado a su grado de subdesarrollo, y, en el caso de Colombia, tan solo basta revisar las estadísticas para comprobar que la mayor explosión demográfica se da en los sectores menos educados, más pobres y vulnerables, los que, por no lograr insertarse a la economía y la productividad, terminan en la informalidad, el ocio, los vicios y las actividades delictivas.
La proyección demográfica en Colombia plantea problemas económicos y sociales de toda índole y de cuyo impacto adverso no se tiene experiencia, lo que en principio exige la necesidad de comprometer mayores esfuerzos en términos de gastos e inversión para dotar a la población de medios idóneos para su realización, ocupación y productividad, siendo evidente, que la tasa de natalidad de los sectores más pobres rebasa de lejos la capacidad de gasto e inversión del Estado y en consecuencia, emerge la exclusión de ellos de la educación, la salud, el bienestar y el mejoramiento integral de la calidad de vida.
Buena parte de los vándalos y anarquistas que hemos visto en las calles haciendo estragos, son personas excluidas de la sociedad y el mercado, que vinieron al mundo sin que sus progenitores dispusieran de las más mínimas condiciones para prodigarles salud, educación y manutención, y que, además, adolecen de sentido de pertenencia familiar, arraigo social y de responsabilidad ciudadana.
A decir del DANE, en el año 2020 nacieron en Colombia 619.504 ciudadanos y al momento del nacimiento de 24.343 de ellos sus padres no contaban con ningún tipo de educación; de 1.513 tenían nivel educativo preescolar; de 71.958 tenían educación básica primaria; de 134.648 tenían educación básica secundaria; de 218.399 tenían educación media vocacional; de 94.124 tenían educación técnica o tecnológica; y, de tan solo 74.519 tenían educación profesional, especialización, maestría o doctorado.
Lo anterior refleja, como los bajos niveles de educación de los padres están asociados a la mayor tasa de natalidad, lo que permite razonablemente concluir, que los padres que cuentan con menor educación son los que asumen mayores riesgos y responsabilidades, sin considerar sus ingresos, como tampoco, el hecho, de que con frecuencia los hijos que procrean no son el resultado de relaciones familiares o estables, sino de relaciones esporádicas o episódicas en las que muchos de los varones progenitores no asumen responsabilidad alguna y por ende, no reconocen a quienes engendran ni les proveen identidad, educación y establecimiento. De ahí la explicación, de la presencia de los cientos de miles de mujeres cabeza de familia en Colombia.
Mientras sigamos indiferentes ante al aumento desbordado de la población más vulnerable y sigan naciendo colombianos sin posibilidades ciertas de progreso, no cesará la pobreza y la violencia, y los recursos del Estado serán insuficientes para atender tantas y tan crecientes necesidades.
Para abatir el origen de una las mayores causas de pobreza, es urgente y necesario diseñar y articular una política educativa capaz de persuadir una planificación familiar responsable que asegure las condiciones mínimas de dignidad de quienes nos sobrevivirán. El ICBF no puede seguir tan solo mitigando este grave problema, debe comprometer sus mayores esfuerzos para prevenirlo con apego y respeto a la libertad que le asiste a cada ciudadano frente a la procreación.
Al respecto Federico de Amberes dijo: Los hombres somos libres para tomar decisiones, pero responsables de las consecuencias y obligaciones que de ellas se derivan”.
Ojalá que en Colombia no volviera a nacer un solo niño sin contar con condiciones ciertas o al menos probables de salud, educación y manutención.
Publicado: mayo 24 de 2021
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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