Más allá de las imágenes de las “mulas” arrestadas en los aeropuertos, bien sea porque “les metieron en su equipaje un paquete de cocaína que no tiene nada que ver con ellos”, o porque escuchando el canto de sirenas y la sinrazón de quienes han caído en las garras de las mafias, dueñas y señoras de billones de dólares mal habidos, creen que “nunca les va a pasar nada”, hay una realidad a la vista de todos: la extradición.

Es pertinente señalar que, aunque existen casos en que las personas han sido extraditadas injustamente, obligando a las autoridades correspondientes a echar para atrás la decisión y restituir el derecho a la libertad de los implicados, el que es hampón probado, no se salva de pagar la pena que merece.

Si el individuo es culpable y existen las pruebas, será extraditado, incluyendo a quienes haciéndose los ciegos, a pesar de una reconocida experiencia en el mundo del narcotráfico y, por qué no decirlo, en el ámbito del terrorismo disfrazado de política, evaden la justicia, usando las artimañas que la “ley” les ofrece (¡GüepaJEP, Santrich!).

Detrás de la batalla contra el narcotráfico, por parte de los Estados Unidos existe una palabra clave: “conspiración”. Sin duda, a los gringos les preocupa mucho más el lavado de dinero y la evasión de impuestos que se genera con el ingreso de droga a su territorio, que el consumo como tal. De hecho, en el año 2017 las autoridades americanas reportaron 72.000 muertes por sobredosis.

Asumiendo la responsabilidad que tenemos como país y reconociendo la tragedia que permitió la administración Santos con el aumento de cultivos ilícitos (obra de las Farc y sus aliados mexicanos), no podemos desconocer que, a pesar de ser cada vez más fuertes los reclamos estadounidenses contra Colombia, todavía ellos mantienen una postura muy tibia para combatir el consumo y enfrentarlo como un problema de salud pública.

Por ello, apoyo la posición de los que abogan por una política antinarcóticos que incluya masivas campañas de educación, dirigidas a informar al público sobre los daños que producen las diferentes drogas en el organismo, especificando la manera como éstas destruyen cada órgano, así como la implantación de penas mucho más severas, incluso cadena perpetua, con mayores restricciones, tanto en términos de llamadas telefónicas como en visitas para los convictos.

Lo que acabo de mencionar debe aplicarse en los casos de grandes, medianos y pequeños narcotraficantes, así como en los de jefes de redes de microtráfico (abrir la posibilidad de imponer la pena de muerte para los reincidentes debe ser parte del debate).

Desde un punto de vista formativo, considero que todo extraditado colombiano por narcotráfico debe estar en la obligación de adelantar estudios y desarrollar trabajo comunitario mientras cumpla su condena, no sólo para pagar su manutención (medicamentos y productos de aseo personal), sino para enviarles dinero a sus familiares.

La única manera como vamos a vencer este flagelo es mostrando el drama de las personas extraditadas: soledad permanente, negación de visas a sus familiares, en fin, la desgracia que significa dejar a la gente que uno quiere, abandonar sueños que se pueden transformar en proyectos reales, si se trabaja con honradez, y perder parte de la vida pagando errores que se pueden evitar.  

Con todo respeto: Nos han perjudicado, a fondo, personas como el hoy senador Gustavo Bolívar y otros escritorzuelos de cuyo nombre no quiero acordarme… Sus novelitas traquetas y sin valores no representan a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Si no les gusta lo que somos, ¿por qué no se largan de una buena vez? Venezuela, Nicaragua o Cuba los esperan con los brazos abiertos.

@tamayocollins

Publicado: mayo 29 de 2019