Desde hace varias semanas, en distintos sectores se viene difundiendo un rumor con muy buenos fundamentos, en el sentido de que un sector de la corte suprema de justicia está obsesionado con meter a la cárcel al presidente Uribe.

Como se ha probado, hay magistrados que obran con criterio político, como se demostró en el juicio contra el exministro Diego Palacio Betancourt, a quien la corte condenó unánimemente por “conveniencia política”, como bien se pudo oír en las grabaciones de conversaciones de esos togados.

La semana pasada, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, a través de su cuenta de Twitter lanzó una alerta al aseverar que “nos llega información de que la Corte Suprema están preparando detención de @alvaroUribeVel en represalia a la victoria de @IvanDuque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola corte superior con funciones constitucionales. ¿Unión de Cartel de falsos testigos y de la toga?”.

Para nadie es un secreto que en Colombia hay quienes se han concentrado en abonar el terreno para destrozar judicialmente al presidente Uribe. La operación ha sido planificada con pasmosa perversidad. Empezaron abriendo procesos indiscriminadamente para fabricar la percepción de que Uribe, por simple hecho de ser objeto de múltiples investigaciones, es culpable de los delitos que se le endilgan.

Ahora, cuando la corte suprema está estructurando las dos instancias a que tienen derecho los aforados –entre ellos el expresidente Uribe-, se busca seleccionar personas que faciliten la tarea de persecución.

Habrá dos salas: la de instrucción, integrada por 6 personas y la de juzgamiento, que tendrá a 3 jueces. Esta última es la que resolverá la suerte de los procesos que lleguen a su conocimiento.

Llama la atención que en esa sala de juzgamiento se quiera nombrar a personas con evidente sesgo antiuribista. Es el caso de Ramiro Marín, quien trabajó durante muchos años en la fiscalía. Marín fue la persona que, sin mayores elementos probatorios, ordenó la captura de Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe.

Marín estructuró el proceso contra Mario Uribe, basándose en el decano de los falsos testigos, Jairo Antonio Castillo Peralta, alias Pitirri, un bandido al que la fiscalía de Mario Iguarán le ofreció toda suerte de prebendas, entre ellas un exilio dorado en Canadá para él y toda su familia –más de 20 personas-.

La otra persona que la corte suprema quiere elegir en la sala de juzgamiento es Ariel Augusto Torres, un abogado de la universidad Libre a quien muchos señalan de ser cercano al cabecilla del cartel de la toga, el corrupto Leonidas Bustos.

La terna sería cerrada por la señora Miriam Ávila Rondón, quien durante mucho tiempo fue la magistrada auxiliar del exmagistrado de la corte constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva.

Vargas Silva, valga recordar, es un antiuribista enfermizo, quien no ha ocultado su odio por el expresidente Uribe y el Centro Democrático.

La corte suprema de justicia, para cumplir ordenamientos internacionales, debe establecer la doble instancia para las personas que por su rango sean investigadas por ese tribunal. Lo que resulta inadmisible es que dicha figura se esté estructurando con personas con un evidente sesgo ideológico.

Se envía un pésimo mensaje al conformar una sala de juzgamiento con dos antiuribistas y un recomendado del cuestionado Leonidas Bustos.

@IrreverentesCol

Publicado: junio 25 de 2018