Iniciemos por llamar las cosas por su nombre. Lo que estamos padeciendo en el suroccidente colombiano no es en realidad una Minga. Lo que estamos presenciando, es una vulgar extorsión que lo único que pretende es desestabilizar al país y arrodillar al Estado, generando anarquía y caos a través de las vías de hecho y la violencia que desencadena actos criminales.

El país entero es respetuoso del derecho de las comunidades indígenas a protestar, pero rechaza y repudia el uso de la fuerza, la violencia y el bloqueo, que mantiene prácticamente secuestrados a los habitantes del suroccidente del país.

Para aquellos que no conocen el contexto les cuento; el primer acuerdo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales del departamento del Cauca se suscribió en 1986, denominado Acuerdo de Río Blanco. Las organizaciones sociales hablan actualmente de más 216 acuerdos firmados. La vía Panamericana ha sufrido 64 bloqueos entre 1986 y 2019, evidenciando que esta forma de lucha, se ha convertido en el mecanismo desestabilizador predilecto y efectivo a la hora de negociar con el Estado. Los movimientos indígenas usan la presión de las vías de hecho para lograr firmar “acuerdos de carretera” por parte del Gobierno Nacional, con requerimientos en muchos casos imposibles de cumplir. Es innegable que en el pasado estos paros han estado infiltrados por grupos al margen de la ley y la guerrilla. La estrategia de desestabilizar la institucionalidad a través de la provocación del caos no es nueva y todos sabemos de dónde viene. Crean la tormenta perfecta para lograr sus objetivos, gústele a quien le guste y cuéstele a quien le cueste.

Pero como si a este pastel le faltase su cereza, la minga actual está siendo aprovechada por algunos políticos oportunistas e irresponsables que solo buscan pescar votos en medio del desorden. Muchos de ellos se han ido a allá a posar de defensores y “mártires” de la “resistencia”. Otros que aun siendo congresistas, que forman parte del Estado, en lugar de ponerse del lado de la institucional democrática, avivan la perpetuación de las vías de hecho. Se levantan de la sesión del Congreso y dicen no querer volver hasta que el Presidente Duque no vaya al Cauca. Hágame el favor. Y porqué estos padres de la patria, no le piden más bien a las comunidades indígenas, que tengan un gesto de amor con Colombia y levanten el bloqueo, renuncien a las vías de hecho y los actos de violencia. Estos congresistas son muy buenos para exigirle al Estado el cumplimiento de derechos, pero muy malos para exigir y cumplir deberes.

Ahora entendamos un poco que es lo que están exigiendo los señores que tiene aislado, quebrado y aguantando hambre al suroccidente colombiano. Están detrás de $14.5 billones de pesos. Si, más  o menos la mitad de lo que se le apropió al departamento del Cauaca en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante aclarar que de los $14.5 billones, $10 fueron acordados entre el gobierno y las autoridades indígenas. Pero como son insaciables, ahora resulta que quieren 4.5 más, por ello la cifra de los $14.5. Por lo tanto, no es cierto que el gobierno Duque no haya querido dialogar con ellos. Lo hizo incluso desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y llegaron a un acuerdo importante. Pero a los lideres indígenas y a algunos de nuestros honorables padres de la patria, eso les parece una bicoca.

Quieren 41.000 hectáreas más. No les basta con la que ya tienen, que son tantas que los convierten en los mayores terratenientes de Colombia. Lo triste es que de las que están bajo su control solo tienen produciendo el 10%. ¿Para qué quieren más? ¿Qué piensan hacer con el resto? ¿Por qué invaden otras tierras permanentemente?

Hoy los indígenas en Colombia han demostrado que solo se sienten en posición de exigir y exigir, hablando únicamente de derechos ancestrales y olvidando por completo que también tienen deberes y que los demás colombianos también tienen derechos.

Hoy nadie sabe que ha pasado con el dinero que reciben. El Contralor de la República hace unos días dijo que nadie daba cuentas de los $800.000 millones que recibieron. Lo cierto es que no se ven los colegios, los hospitales, la inversión en la alimentación escolar, la mejoría de sus condiciones de vida, así como la mayor productividad de sus tierras. El DANE habla que el 45.8% de su población esta en pobreza multidimensional. Que dolor, pues los recursos si les llegaron.

Los colombianos tenemos derecho a preguntarnos muchas cosas. ¿Qué ha pasado con el “billetal” que le hemos dado? Tenemos derecho a saber. ¿Por qué no ponen las tierras a producir y siguen exigiendo más? O peor aun, ¿por qué de manera sistemática siguen invadiendo tierras? ¿Por qué son condescendientes con el narcotráfico, la minería ilegal y algunos se han dejado infiltrar por actores al margen de la ley y de las disidencias?

El gobierno del presidente Iván Duque ha demostrado desde un principio la voluntad de diálogo para levantar este paro. Sin embargo, ha encontrado un ambiente hostil de la contraparte. Hoy debemos decir que deben ser los indígenas y sus autoridades quienes deben hacer un gesto con el gobierno y con los colombianos, levantando el paro, si quieren sentarse a negociar con el presidente y sus delegados. No podemos permitir que un grupo minoritario (siendo respetuosos de los derechos de las minorías), trate de llevar contra la pared al país y busque desestabilizar al gobierno, afectando a la totalidad de la nación, con exigencias que francamente son desiguales y desproporcionadas a las que hoy tienen la mayoría de los colombianos y la gran mayoría de las poblaciones vulnerables.

Debemos Pararle-Bolas al ejemplo y el mensaje que le damos a los ciudadanos y recordarles que sí bien este es un país de derechos, pero también todos tenemos deberes, donde no se puede permitir que los intereses de unos pocos detengan la recuperación y el desarrollo integral de todo un país.

@gabrieljvelasco

Publicado: abril 1 de 2019