La campante proliferación de mesas de dinero, carruseles y pirámides financieras, solapadas bajo la apariencia de engañosos contratos, de nuevo está asolando el país.

La captación de ahorro público sin autorización del Estado mediante el empleo de señuelos mercantiles y de falsos ropajes contractuales, es consecuencia de la negligencia de una autoridad financiera, buena para anunciar medidas, pero no para ejecutarlas. La ley no garantiza el orden, salvo que la autoridad exija su efectivo cumplimiento y que los funcionarios obligados de velar por su aplicación honren su deber.

Si bien la nación no cuenta con una legislación financiera moderna y prospectiva que se anticipe a las malas prácticas y disuada las conductas delictivas, aun así, las normas vigentes son suficientes para ejercer adecuada vigilancia, inspección, y control del mercado. Pero de nada sirve el rigor de la ley cuando la autoridad no se ejerce o cuando su ejercicio es incapaz de develar la inventiva furtiva del delincuente.

Es evidente que las normas que regulan la captación masiva y habitual del ahorro deberían ser más severas, y, aun así, las vigentes, resultan solventes para reprimir esta práctica cuando es irregular. A pesar de ello, el país sigue anegado de negocios fraudulentos que se valen de la ingenuidad o de la ambición de muchos para expoliarlos.

Desde tiempos inmemoriales se probó, que son insostenibles todos los esquemas financieros que dependan de captaciones futuras e inciertas. En el Siglo XIX Charles Ponzi, hábil embaucador y siniestro creador del “Esquema de Ponzi”, mal llamado, Pirámides o Carruseles Financieros, pagó con su libertad la temeridad de sus truculentos engaños.

Sobrecoge que la picardía de un puñado de “Ponzis” diseminados por todo el país, sumada a la ingenuidad ciudadana y a la proverbial ausencia del Estado, esté arrebatando el ahorro público.

Estos “Ponzis Criollos” por medio de sus pomposas mesas de dinero y bajo la engañosa apariencia de contratos de factoring, de descuento, de corretaje y de mandato, captan ahorro público y celebran negocios bajo condiciones de riesgo extremo por los cuales no responden, y luego, pretenden que las cuantiosas pérdidas que ocasionan sean asumidas por los incautos inversionistas de quienes recibieron sus ahorros. Además, si se les pide una explicación formal sobre la pérdida del dinero, hacen caso omiso o la desatienden alegando que la responsabilidad es de los ahorradores y no de ellos, a pesar de que son estos timadores quienes eligen y celebran los negocios con dineros ajenos. 

En realidad, estas mesas de dineros son solapadas pirámides financieras y carruseles de cándidos inversionistas, y muchas de ellas son conformadas por hábiles y arrogantes estafadores, lo que amerita inmediata intervención y liquidación por parte del Estado, así como severa condena de las autoridades judiciales. No han sido pocos los captadores irregulares que se han tenido que refugiar en otros países para eludir la acción de las autoridades judiciales.

Es claro que el control del marcado financiero no debe tan solo limitarse a la vigilancia de las instituciones autorizadas para establecer si el manejo que dan al ahorro público es seguro, confiable y transparente; el control debe extenderse a todas las actividades mercantiles utilizadas para mimetizar operaciones financieras al margen de la ley.

Colombia necesita con urgencia de una autoridad especializada y capaz de poner fin a la avalancha de delitos financieros, algunos de ellos imperceptibles como los llamados “de cuello blanco”, que se configuran cuando la conducta no tiene esa apariencia y el delincuente funge como experto.

Lamentablemente la anarquía del mercado no se limita a las captaciones ilegales; también es extensiva a un sistema financiero desbordado por sus abusos y atropellos, y al que el Gobierno no reprime por temor a mostrarse intervencionista a pesar de la avalancha de quejas y reclamos de los usuarios y de las desvergonzadas respuestas que reciben a ellas.

Es lamentable que sean los jueces penales los que terminen reprimiendo los delitos contra el orden económico social, a falta de una autoridad financiera que los prevenga.

No han sido pocas las pomposas mesas de dinero dedicadas a descontar facturas y contratos, que han terminado intervenidas y liquidadas y sus dueños y administradores, sindicados y condenados por captación masiva y habitual de ahorro público.   

El Gobierno está en mora de avaluar el desempeño de las Superintendencia Financiera y de investigar y remover a algunos de sus funcionarios que tardan en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que envalentona a los depredadores financieros que se alzan con el ahorro público hasta que finalmente son condenados por un juez penal.

Algunos funcionarios del Gobierno por querer congraciarse con sectores a los que son afectos, desatienden la obligación de regularlos adecuadamente e invocando engañosamente la libertad del mercado, lo convierten en un escenario de libertinaje lesivo a la población.

Sobre este particular y en gracia de ejemplo, basta tan solo ver las peligrosas simulaciones que desde hace unos meses viene haciendo la Superfinanciera con las mal llamadas criptomonedas, quebrantando el orden legal, monetario, cambiario y crediticio, y, promoviendo una economía oscura, espuria e insostenible que ya ha afectado a cientos de miles de ciudadanos en todo el mundo. El presidente Iván Duque está en mora de ordenar la suspensión de esos nocivos embelecos.

¡Colombia necesita una autoridad financiera preparada y capaz!

@RRJARABA

Publicado: mayo 31 de 2021

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro en Derecho. Profesor Universitario de Derecho Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.