Las 3 hijas del cuestionado exmagistrado Leonidas Bustos han tenido o tienen contratos o empleos con diferentes entidades del Estado.

Leonidas Bustos, envuelto en la red de corrupción más aberrante de la historia judicial de nuestro país, es un hombre al que le gustan dos cosas: el dinero y contratar con el Estado. Como han reportado otros medios de comunicación, el cuestionado exmagistrado salió de la corte suprema de justicia directamente a celebrar multimillonarios contratos con distintas entidades públicas.

De acuerdo con información que le fue enviada a la redacción de LOS IRREVERENTES, Bustos no es el único de su familia que, literalmente, vive del Estado colombiano. En efecto, sus tres hijas, Angélica María, Ximena Liliana y Paula Andrea también tuvieron contratos con distintas dependencias.

El caso más significativo es el de Paula Andrea Bustos Velasco, quien es odontóloga y fue denunciada por el hermano del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corso, por presuntamente haberle pedido la suma de $800 millones de pesos a cambio de que el magistrado Bustos resolviera a favor suyo un recurso de casación que hizo tránsito por la sala penal de la corte suprema de justicia cuando él era presidente de dicha corporación.

En junio de 2013, Paula Andrea Bustos suscribió con la Personería de Bogotá el contrato 181-2013, por $12 millones de pesos. Dos meses después, firmó uno nuevo, el 267-13 por valor de $28.4 millones de pesos.

Aunque las cuantías de dichos contratos no dicen mayor cosa, el hecho relevante es que por esa época, el extraditable exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, señalado de integrar una red corrupta en virtud de la cual se compraban fallos en la corte suprema de justicia, precisamente con el hoy exmagistrado Bustos, también tenía contratos con aquella entidad.

En ese entonces, el personero de Bogotá era el señor Ricardo Cañón, aliado irrestricto del exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre Lynett.

Contra Cañón, existieron fundadas denuncias de una posible participación suya en el denominado carrusel de la contratación. Como es de suponer, la fiscalía de Montealegre jamás investigó ese caso, el cual duerme en alguna olvidada gaveta del ente acusador. Hay quienes sostienen que Gustavo Moreno le metió la mano al asunto. Lo cierto es que nunca se logró establecer realmente cuál fue la participación del expersonero en el escándalo de corrupción que se vivió en la capital de la República.

El gobierno de Santos también tuvo gestos de generosidad con el exmagistrado Leonidas Bustos, contratándole a su otra hija, Paula Andrea, primero en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y luego en el DANE.

Tal y como pudo constatar este portal, el 16 de enero de 2013 la señora Bustos, profesional en zootecnia, suscribió el contrato 0480-2013 por la suma de $28.060.000 pesos con el gerente encargado del ICA, el doctor Carlos Alberto Soto Rave.

Un año después, la hija de Bustos golpeó las puertas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, donde le dieron un contrato por $17.5 millones de pesos.

Como si fuera un obligación del Estado mantener a Leonidas Bustos, a su exesposa, a su actual esposa –la tristemente célebre “primera dama de la corte suprema”-, y a su prole, una tercera hija del cuestionado exmagistrado, la ingeniera electrónica María Ximena Bustos Velasco desde el 5 de febrero de 2015 trabaja en la contraloría de Bogotá. Empezó siendo subdirectora de fiscalización de telecomunicaciones, luego subdirectora de análisis de estadísticas e indicadores y finalmente subdirectora de recursos materiales.

Muy pocos padres de familia pueden gritar a los 4 vientos que, gracias a su poder, su descendencia se sostiene a punta de contratos y puestos proveídos por el Estado. Leonidas Bustos, en la mira de la justicia por corrupto, es uno de ellos.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 23 de 2017