“La prueba de que los del No decíamos la verdad durante la campaña es que está ocurriendo exactamente lo que dijimos iba a pasar”.  Twitter 20 de diciembre @aniabello_r

Esta semana el Consejo de Estado, a través de la magistrada Lucy Jannette Bermúdez, admitió una demanda para anular el plebiscito, basándose en una interpretación de una entrevista dada al Diario El Colombiano por Juan Carlos Vélez.

Según la magistrada, el Centro Democrático engañó al electorado para lograr la victoria en el plebiscito. El insólito auto admisorio de la demanda, que parecería adelantar el sentido del fallo, levanta aún más suspicacias en torno a la intención del gobierno de desconocer por completo el resultado del plebiscito.

Por un lado, resulta curioso que la magistrada le de viabilidad e importancia a pruebas desvirtuadas. Un ejemplo de esto es que los demandantes dicen que la representante María Fernanda Cabal dijo en su cuenta de twitter que, si ganaba el Sí, les rebajarían la mesada a los pensionados. Está plenamente probado que la doctora Cabal nunca dijo ni escribió eso. También resulta curioso que los demandantes, William Calvachi Obando y David Narváez Gómez son de Nariño, paisanos del esposo de la magistrada al que se le ha comprobado ser contratista del estado y uno de los cerebros que diseñó la jurisdicción especial de paz.

Por otro lado, nos pareció muy extraño que el mismo día que se presentó la demanda, es decir, el 12 de diciembre, un congresista de la Unidad Nacional haya escrito en su cuenta de twitter: “#Atención Por las mentiras de Juan Carlos Vélez y el CD, Consejo de Estado suspende la declaración de elección del plebiscito.”

En un país en el que la justicia camina a paso de caracol, en menos de una semana la magistrada recibió la demanda, pidió documentos y emitió un auto de 110 páginas con pruebas no corroboradas. Todo esto mientras iniciaba la vacancia judicial.

Lo sucedido en el Consejo de Estado es otra prueba más de que no mentíamos cuando decíamos que estos acuerdos le abrirían paso al Castro Chavismo en Colombia. Mucha gente tiende a confundir el Castro Chavismo con miseria y hambre. La realidad es que esa ideología no es más que un manual para acabar con la institucionalidad de un país para concentrar todos los poderes públicos en cabeza del ejecutivo. El hambre y la miseria son las consecuencias lógicas de mediano o largo plazo de esa forma de gobierno.  Ni el más áulico de la paz puede negar que Juan Manuel Santos controla la mayoría en el congreso, tan los controla que les ordenó cercenar sus funciones aprobando el fast track y los poderes especiales. Tampoco es innegable que la última decisión ambigua y peligrosa de la Corte Constitucional que pone por encima de la constitución la política es otra prueba más que no hay independencia entre las Cortes y el Ejecutivo.

También dijimos que las Farc harían política con armas. Hasta la fecha las Farc no han entregado una sola arma y evidentemente están haciendo política. Realizaron una reunión en la biblioteca del Congreso de la República para presentar al grupo de personas que integran un comité para hacerle el seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz en el congreso. Hacen presentaciones públicas, organizan partidos de fútbol, se toman selfies con ciudadanos y dictan lecciones de moralidad sin – vuelvo y repito – haber entregado una sola arma.

Dijimos que este era un acuerdo de impunidad. ¿Dónde está el engaño ahí? La realidad es que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad no van a pisar una cárcel. La única consecuencia inmediata de sus macabros actos será tener curules en el congreso y senado. Más adelante también podrán ser alcaldes, gobernadores e inclusive presidentes de la patria que desangraron durante más de medio siglo.

Dijimos que el Tribunal Especial de Justicia estaba diseñado para juzgar a los enemigos de las FARC. En una entrevista que circuló ampliamente en los medios y redes sociales, el comandante guerrillero Ramiro Lozada dijo que dicho tribunal iba a juzgar a todos, inclusive expresidentes, empresarios y periodistas.

El acuerdo estaba plagado de la tal ideología de género, tan es así que en el “nuevo acuerdo” lograron excluir algunas alusiones al mismo. Al respecto solo diré lo siguiente, soy mujer y me ofende que sean las FARC el grupo terrorista que como política secuestró, violó y asesinó a mujeres los que vengan ahora a dictar cátedra de la manera como se nos debe tratar.

En conclusión, las mentiras fueron muchas, pero todas vinieron de parte de un gobierno que amenazó con guerra urbana y subirnos los impuestos si no ganaba el Sí y que además nos prometió que todo lo que se acordara en La Habana sería refrendado por el pueblo. El pueblo leyó los acuerdos, el pueblo dijo No, y el presidente desconoció.

@ANIABELLO_R