Señor Ministro:

En mi condición de ciudadano colombiano, y en ejercicio del derecho de petición que consagra la Constitución Nacional, me dirijo a usted con el fin de solicitarle, muy respetuosamente, que responda la siguiente pregunta: ¿Los proyectos 4G tienen cierre financiero?

Formulo éste interrogante en virtud de que se trata de un asunto de evidente interés nacional, dentro del contexto de la columna de opinión publicada en un medio de amplia circulación al año pasado, que transcribo a continuación:

“Son muchas las dificultades que enfrentará Colombia durante el próximo año (2017).

Infortunadamente, una especie de tormenta perfecta golpeará distintos sectores de la vida nacional.

En materia política, se iniciará la campaña que culminará con la elección de congreso y presidente en 2018.

Y será intensa, toda vez que arrancará en medio de un clima caracterizado por la ausencia del deseable acuerdo nacional para la paz, al cual no se ha llegado por la inflexibilidad del gobierno y las Farc.

Así mismo, empezará la implementación de los acuerdos de La Habana, que generará innumerables controversias jurídicas y políticas, al igual que múltiples tensiones institucionales.

Para que haya mayor claridad sobre la magnitud que podrán adquirir dichas tensiones, es suficiente plantear, a manera de ejemplo, lo relacionado con el bloque de constitucionalidad.

Existen varias interpretaciones en ésta materia.

El jefe del equipo negociador, doctor Humberto De La Calle, manifiesta que el acuerdo no hará parte de la Constitución por esa vía.

A diferencia de lo que asevera el futuro candidato presidencial, algunos juristas, que asesoraron a las Farc en el proceso de conversaciones, sostienen lo contrario.

Por otra parte, leer cuidadosamente lo que volvieron a firmar el presidente Santos y Timochenko, permite concluir que los dos equipos negociadores idearon una vía tácita de incorporación de lo acordado al estatuto fundamental.

¿Se imaginan ustedes la magnitud de esta controversia, y la inseguridad jurídica que ella producirá, cuando llegue la hora de tomar decisiones sobre casos concretos?

¿Alcanzan los lectores a dimensionar los efectos de no tener claro si las decisiones políticas consignadas en el acuerdo hacen parte o no de la constitución, para efectos de interpretar normas sobre las cuales deba pronunciarse la corte constitucional?

Por otra parte, en cuanto tiene que ver con la economía, todo será, igualmente complicado.

Los datos sobre su comportamiento son muy preocupantes.

Recordemos que la cifra de crecimiento en el tercer trimestre fue de 1.2% , hecho que llevó a todos, incluido el gobierno, a revisar a la baja las proyecciones para el año 2016.

El resultado más grave, de los estudios que se conocen, es que no se identifica ningún motor que jalone el aumento de la demanda interna.

A lo anterior se sumaría el impacto de la reforma tributaria, si es que se aprueba tal y como está concebida hasta el momento, cuya consecuencia sería golpear aún más la producción, la inversión, la competitividad de las empresas y el consumo.

Existe, sí, la expectativa del efecto contracícilico de los proyectos 4G.

Sin embargo, expertos tan competentes como José Elías Melo señalan que de los $43 billones que se requieren, con el fin de financiar los 33 que fueron  adjudicados, se han conseguido $13 billones para satisfacer las necesidades de recursos de 7 de ellos.

Esto quiere decir, ni más ni menos, que hay que conseguir la tontería de $30 billones más en un ambiente financiero, tanto nacional como internacional, bastante difícil.

Es urgente, entonces, que el gobierno responda, con claridad, la siguiente pregunta: ¿los proyectos 4G tienen cierre financiero?”

Si lo tiene a bien, señor ministro, puede dirigir su respuesta a @carlosholmestrujillog@gmail.com

@CarlosHolmesTru

Publicado: enero 9 de 2017