Cuando se publican los índices anuales de seguridad de una determinada ciudad, y estos no salen de manera favorable para la gestión del alcalde de turno, es usual que se justifiquen las cifras afirmando que “es percepción”. Que no es otra cosa sino decir que los ciudadanos están haciendo una interpretación de los hechos, pero que esto no corresponde a la realidad.

No en vano, varios gobernantes señalan que todo es culpa de los medios de comunicación, que solo reportan lo malo: noticias de robos, asesinatos, agresiones físicas y sexuales, etc. Aunque dichos mandatarios no se percatan de que los medios solo están registrando lo que de verdad está sucediendo en las calles y que afecta al ciudadano de a pie. En efecto, cada vez se queda más corto ese argumento de “la percepción” porque los hechos son contundentes.

Es justamente por eso, que esta semana realicé un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a la cual pertenezco, con el fin de indagar sobre la seguridad en Bogotá. Claro, cabe anotar que un año atrás ya había realizado este mismo debate. Y lo volví a citar porque estoy convencida de que es mi deber como congresista hacer un control político responsable y comprometido, y eso incluye hacer seguimiento permanente a los temas ya abordados.

Es innegable que la inseguridad genera un gran impacto tanto en lo económico, como en la calidad de vida de los capitalinos. Esto se ve reflejado en las mediciones de “Bogotá Cómo Vamos 2016”, que muestran que el 45% de las personas encuestadas se sienten inseguras en la ciudad. Así mismo, un 32% dijo haber sido víctima de un delito, lo que hizo que la victimización se incrementara en un 12% frente al año inmediatamente anterior.

Pero esto no era lo único que me inquietaba. Si bien es cierto que las cifras de homicidios, hurtos y lesiones personales del año pasado asustan, lo que más me preocupaba era la indiferencia del gobierno nacional frente a esta problemática de los bogotanos.

Esto quedó demostrado con la denuncia del Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Daniel Mejía, que el pasado 21 de febrero manifestó que el Ministerio del Interior no asignó cámaras de seguridad a la capital. Información que, por supuesto, parecía ser una broma del “Día de los Santos Inocentes”.

De las 577 cámaras que hay en Bogotá solo funcionan 291, según cifras de la Policía. Es decir, que hay 286 cámaras que están fuera de servicio. ¡Casi la mitad! Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la solicitud al Ministerio del Interior? La primera propuesta del Distrito a dicho Ministerio fue radicada el 10 de junio de 2016, para la adquisición de 500 cámaras. Propuesta que fue ajustada a los requerimientos realizados por parte del Ministerio y posteriormente rechazada. Ante esto la Secretaría no manifestó los motivos del rechazo. No obstante, el Ministerio del Interior informó que el motivo por el cual no fue aceptada la propuesta es por no haber subsanado los requerimientos hechos por parte del Ministerio. Posteriormente se hizo una segunda propuesta por parte de la administración Peñalosa, la cual fue radicada el pasado 14 de febrero.

Hasta ahí iba la historia. Por fortuna, durante el debate de control político que cité, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se comprometió a destinar el 30% de recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), para cámaras de videovigilancia en la capital.

Yo espero que, de verdad, nos cumplan. Y por eso me comprometo a hacer seguimiento a este compromiso del gobierno nacional. Es que en Tunjuelito, por ejemplo, no hay ni una cámara funcionando. Por otro lado, en Fontibón solo hay una cámara para 200 mil habitantes. Sin contar que en localidades como Kennedy y Suba, que cuentan con la población más alta de Bogotá, tienen en funcionamiento 7 cámaras, respectivamente.

Ya es hora de que Bogotá tenga un cubrimiento óptimo de cámaras y más porque no cuenta con el pie de fuerza necesario para garantizar su seguridad.  Según la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas se sugiere una tasa de 300 agentes por cada 100.000 residentes en la ciudad. Pero Bogotá tiene 234. Por ende, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia de la capital es urgente, ya que es una forma de compensar y reforzar a la Policía.

Para que la seguridad en Bogotá mejore es necesario que se haga un trabajo conjunto entre las autoridades nacionales y Distritales. Así mismo, que se cree una red de cooperación ciudadana en la que los empresarios y comerciantes, por medio de sus cámaras ya instaladas, presten un servicio de ayuda a los centros de vigilancia de la Policía Nacional. Esta iniciativa hace parte de un proyecto de ley que presentó el Centro Democrático y que, sin lugar a dudas, busca con acciones concretas mejorar la seguridad.

@Tatacabello

Publicado: abril 21 de 2017