Si los alcaldes del País, empezando por Claudia López, quieren decretar más cuarentenas, lo mínimo que deberían hacer es una disminución del impuesto predial proporcional al tiempo en que el comercio esté bloqueado. No es justo que mientras las empresas luchan por sobrevivir, los mandatarios locales piensen en cerrar las ciudades desde la comodidad que les otorga tener prácticamente garantizados sus recursos.

En efecto, al observar el panorama fiscal de las ciudades se evidencia que estas tienen tres principales fuentes de financiación. La primera, son las transferencias que les hace el Gobierno Nacional, las cuales, con o sin Covid, se deben llevar a cabo. Por ejemplo, durante el 2020 el 20.8% del presupuesto de Bogotá corresponde a este rubro.

La segunda, es el impuesto de industria y comercio, cuyo recaudo puede llegar a sufrir una eventual disminución tras la caída de la actividad empresarial. La tercera, es el predial, tributo por el que nada más la Secretaría de Hacienda de Bogotá espera recaudar $3.7 billones este año, osea el 17.6% del total de los ingresos de la ciudad.

Además, hay que tener en cuenta que las entidades territoriales cuentan con los recursos de las regalías, los cuales componen un millonario presupuesto paralelo que les garantiza la financiación de proyectos de inversión.

Es decir, salvo contadas excepciones las alcaldías y las gobernaciones tienen prácticamente garantizados sus recursos a pesar de la crisis económica, situación que dista radicalmente de las finanzas del Gobierno Nacional, el cual no solamente verá afectado el recaudo del IVA y del impuesto de renta, sino que debió aumentar su deuda en 15.3 puntos del PIB durante el 2020.

Debido a esta situación, a los alcaldes no les genera mayor afectación fiscal si el comercio debe cerrar o no y, por si fuera poco, el gran auxilio de recuperación que han propuesto algunos es aplazar el pago del predial por un par de meses, lo cual solamente extiende en el tiempo la escasez de recursos por los que atraviesa el sector privado.

En efecto, sin importar si los arrendatarios desocuparon o no los inmuebles, los propietarios deben pagar el predial sin contemplación alguna. Piensen nada más la situación de los dueños de los locales comerciales donde había restaurantes, bares o gimnasios que debieron cerrar ante la crisis.

Por más plazos que les den las alcaldías, estos deben pagar la totalidad del tributo so pena de someterse a tortuosos procesos fiscales con el respectivo municipio. Además, a diferencia del impuesto de renta, el predial no tiene en cuenta si la persona tuvo o no ganancias, sino que exige el pago de un determinado monto dependiendo del avalúo catastral del bien.

Por eso, el cobro del impuesto predial en las ciudades más afectadas por la pandemia debería tener una reducción proporcional al tiempo en que el comercio esté cerrado. De no haber un cambio al respecto, los propietarios se verán obligados a terminar dando sus inmuebles como parte de pago de una deuda tributaria que no tendrán cómo cubrir.

Indiscutiblemente es hora que los mandatarios locales también se metan la mano al bolsillo y no recarguen toda la responsabilidad en el Gobierno Nacional. Antes que salir a vociferar en medios sus reparos con el Presidente, los alcaldes de las principales ciudades, como Bogotá, deberían llevar a cabo esta solución realista que oxigenaría las afectadas finanzas de las empresas y compensaría los daños causados por las cuarentenas sectorizadas o generales.

@LuisFerCruz12

Publicado: julio 22 de 2020