Entiendo y dimensiono la indignación generada en sectores de la sociedad con ocasión de la decisión tomada por la Corte Constitucional que avaló la Ley Estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La sentencia, ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, tiene 800 folios, si señores, se necesitó de ¡800 folios! para alimentar otra afrenta de la Corte Constitucional contra los niños y la sociedad. 

Para la Corte Constitucional, los delitos cometidos contra los menores de edad por parte de integrantes del grupo terrorista FARC, hacen parte del conflicto interno y por lo tanto deben ser “investigados y sancionados por la JEP” y no por la Jurisdicción Ordinaria como había sido aprobado por el Congreso de la República. La verdad no me sorprende la decisión de la Corte, no es la primera vez que le dan la espalda a los derechos de los niños, en el pasado ya lo habían hecho. 

En el 2010 la Corte Constitucional, sustentando vicios de tramite más no de fondo, tumbo la cruzada de la valiente y recordada exsenadora Gilma Jiménez, quien después de una larga batalla argumentativa logró recolectar millones de firmas para que el Congreso de la República aprobara la convocatoria de un referéndum que buscaba prisión perpetua para “homicidios dolosos, violaciones, y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometido contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física y mental”. Y para que profundizar en la famosa sentencia SU-642/98 que incorporó en nuestra jurisprudencia el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que abrió el camino para aprobar la dosis mínima de sustancias psicoactivas, compuerta legal que sumergidos a miles y miles de menores de edad en el abismo de las drogas. 

Nada es nuevo, ni nada debe de sorprendernos en esta secuencia de infamias que se desprenden y alimentan por el acuerdo de impunidad de La Habana. Para lograr y sellar ese pacto se recurrió a instrumentos indignos e ilegales como la compra de conciencias y votos de los integrantes de la coalición de gobierno, la “Unidad Nacional” vía mermelada presupuestal; pauta publicitaria desborda para silenciar a los principales medios de comunicación; contratos por doquier para universidades y ONGs; y carrusel de favores representados en nombramientos y contratos para magistrados de las altas cortes. 

La infamia contra los niños es la constante en esta marranera donde se revuelcan los poderosos de Colombia. Aquí no se honra ni se cumple con un derecho universal, moral como es el de proteger a los niños, y menos la norma constitucional, artículo 44 de la Constituciòn Política, que dispone el “INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR”. No es solo el caso que nos ocupa de abusos y violaciones cometidos por las Farc, que de por si es bochornoso, indignante, perverso y criminal, también, la Justicia, el gobierno y las altas cortes le han dado la espalda al saque presupuestal (dineros y por miles de millones) de recursos destinados para alimentar los niños de escuelas y colegios a través del programa conocido como PAE. 

No podemos quedarnos en la indignación que se evapora con el paso de los días, se requiere de acciones concretas, masivas, contundentes como las que propone el Centro Democrático, que busca derogar a través de un referéndum el adefesio de la JEP; pero también se debe buscar el mecanismo legislativo para lograr cadena perpetua para trasgresores de menores de edad como lo buscaba Gilma Jiménez, y como lo exigen la mayoría de colombianos.     

Reconocimiento especial y aplausos de pie para la Magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, quien fue la única que se distanció de la decisión infame de sus colegas. 

@LaureanoTirado

Publicado: agosto 20 de 2018