Hace unas semanas, LOS IRREVERENTES revelaron una carta en la que el abogado de los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo, Alberto Yepes y Danilo Rojas, el doctor Hugo Quintero Bernate le notificaba al representante a la Cámara Germán Alcides Blanco Álvarez que sus clientes no tenían intención de atender el llamado del parlamentario para que acudieran a la Comisión de Acusaciones a responder en el marco de la investigación que se les adelanta por presuntamente haber filtrado información reservada relacionada con la demanda a la elección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. (Ver: “Magistrados rebeldes”).

De haber hecho carrera la tesis del abogado de los consejeros de Estado denunciados que, en pocas palabras intentó alegar que la Comisión de Acusaciones no tiene competencia para investigar a los magistrados porque, según Quintero Bernate, aquello es violatorio “del principio de autonomía e independencia de los jueces de la república”, estaríamos frente al insólito escenario de que a los magistrados nunca podrían ser sujetos de investigación penal o disciplinaria.

El representante investigador rechazó los argumentos de la defensa de los consejeros de Estado, concluyendo que éstos deben, en un término no superior a 10 días, presentar su versión libre respecto de la investigación que se les adelanta para efectos de hacer uso al derecho a la defensa y al debido proceso que les asiste: “Es por ello que esta corporación en aras de garantizar el debido proceso, da la oportunidad a los Consejeros de Estado a ser versionados verbal o por escrito y de esta manera garantizarles su derecho a contradecir”, enfatiza el representante investigador en un auto proferido recientemente por la Comisión de Acusaciones.

sí las cosas, los 3 magistrados del máximo tribunal de lo contencioso administrativo Conto, Yepes y Rojas, ya no tienen alternativa distinta que comparecer ante su juez natural que los investiga por manipular y tergiversar documentos fundamentales en el proceso que se adelanta contra la elección de Alejandro Ordóñez. Su estrategia de defensa deja mucho que desear. No es aceptable que 3 integrantes de una de las más altas cortes del país –Rojas es presidente del Consejo de Estado- utilicen como medio de defensa el desconocimiento de su juez natural, alegando que ellos, por ser administradores de justicia, son inmunes a investigaciones, cuando la denuncia que pesa en su contra no es por ser jueces sino por haber, presuntamente, filtrado piezas importantes de la demanda que fue presentada contra la reelección del Procurador General.

 

La Comisión de Acusaciones le ha dado 10 días a los Consejeros de Estado para rendir versión libre.

Causa extrañeza que esos 3 Consejeros de Estado no se hayan declarado impedidos en la investigación contra Ordóñez si su propio abogado defensor ha puesto por escrito que los magistrados, a lo largo del ejercicio de su cargo, han tenido posiciones “funcionales contrarias a los intereses del procurador”. Es obvio que cuando un juez ha emitido prejuicios contra una persona que le corresponde juzgar, debe declarar su impedimento para garantizar el debido proceso del sub júdice, cosa que hasta el momento sólo ha hecho el consejero Danilo Rojas, pero no la doctor Conto ni el polémico Alberto Yepes Barreiro.

Por lo pronto, habrá que esperar si los 3 consejeros de Estado respetan la orden del congresista que los está investigando y acuden a la Comisión de Acusaciones a rendir la versión libre que fue ordenada, o si por el contrario va a ser necesario que se ordene una conducción con colaboración de la policía.

@IrreverentesCol