El exterrorista del M-19 Armando Novoa, pasó de la clandestinidad como miembro de esa peligrosa banda delincuencial para convertirse en “la conciencia jurídica” del sector más radical de la izquierda colombiana.
Fundó una ONG que durante años ha vivido de dineros públicos y de recursos provenientes de la cooperación internacional. También ha sido cuota de Antonio Navarro en distintas posiciones, fungiendo como abogado suyo, sobre todo en momentos en los que el proceso de paz con el M-19 estuvo en riesgo luego de que un juez dictara orden de captura contra la cúpula de la organización delincuencial por el delito de terrorismo, en relación con la toma del palacio de justicia en 1985.
Hoy, Novoa se desempeña como magistrado del Consejo Nacional Electoral, un órgano anacrónico que poco le sirve al país. Llegó allí impulsado por la bancada de los verdes, pero todo el mundo sabe que su agenda está íntimamente ligada a la de Navarro, su verdadero y único jefe.
Novoa tiene dos obsesiones: meterse al precio que sea en el proceso de paz con las Farc y destruir al Centro Democrático.
Nadie entiende porqué en diciembre del año pasado envió el caro oficial que le asignó el Consejo Electoral a San José del Guaviare, cuando él estaba despachando en Bogotá. ¿Qué hacía su vehículo en el lejano departamento del Guaviare? ¿Quién lo estaba utilizando y con qué propósito? Son interrogantes que el magistrado ha evadido de manera reiterada.
Hace pocas semanas, Novoa fue duramente golpeado en el Congreso de la República al serle negada una licencia especial que había solicitado para hacer parte de la misión electoral especial creada por el acuerdo ilegítimo entre Santos y Timochenko.
Como correspondía, el congreso votó negativamente la estrambótica solicitud. La reacción del magistrado no se hizo esperar: descargó toda su ira en el uribismo, particularmente en el senador José Obdulio Gaviria.
Y desde entonces ha radicalizado su odio visceral contra el Centro Democrático, llegando al extremo de sugerir que ese partido debe perder su personería jurídica por cuenta de las dudas que existen respecto de la forma como la campaña de Óscar Iván Zuluaga le pagó al estratega Duda Mendonça.
Lo primero: resulta inaceptable que un magistrado del consejo Electoral se atreva a emitir prejuicios sobre hechos que eventualmente tendrá que investigar el órgano al que él pertenece y, segundo, de identificarse alguna irregularidad la responsabilidad deberá recaer íntegramente sobre los miembros del equipo administrativo de la campaña de Zuluaga y no sobre el partido político que nació con posterioridad a la elección presidencial de 2014.
Sería estrambótico que el consejo electoral, de mayorías afectas al gobierno de Santos terminara, por cuenta del caso Odebrecht, revocando la personería jurídica del Centro Democrático, principal partido de oposición en Colombia, siguiendo la iniciativa de un magistrado cuyo pasado en el terrorismo guerrillero explica el odio que profesa contra la colectividad cuyo eje central es el de garantizar la seguridad sobre la base de los principios democráticos, doctrina que produce toda suerte de reacciones agresivas en quienes creen en la violencia como mecanismo para hacer proselitismo político.
Pedir sindéresis en un magistrado que ejerce como vocero de sectores extremistas y que no ha ocultado su interés por prestar sus servicios para efectos de que la democracia colombiana quede íntegramente empeñada a las Farc, es como arar en el mar.
Han pasado 25 años desde que los facinerosos del M-19 entregaron sus fusiles. Unos, desmovilizaron su alma terrorista, reconociendo que estaban equivocados. Otros, como Novoa, han aprovechado estos 5 lustros para hacer dinero a través de una organización no gubernamental y para radicalizar su odio contra aquellos sectores que le hacen frente al socialismo.
Publicado: febrero 6 de 2017