Durante sus más de 50 años de existencia, las Farc supieron sacarle provecho económico a la guerra: al secuestro; el asesinato; la extorsión; el desplazamiento; el robo; el contrabando; el narcotráfico, y otras actividades ilícitas. Ahora, para sorpresa de muchos, nos encontramos con que no solo hallaron el modo de aprovechar el conflicto, sino que también han sabido ‘sacarle el jugo’ a esta supuesta paz.

La identificación y expulsión, por parte del Alto Comisionado para la Paz, de seis narcotraficantes que se habían colado en las listas de las Farc, dejó al descubierto el nuevo negocio de la organización: la comercialización de cupos en la JEP.

Por los beneficios que les otorgaba figurar en los listados de la desmovilizada guerrilla, el embajador estadounidense, Kevin Whitaker, aseguró que algunos de “los mayores narcotraficantes del mundo” pagaron hasta 5.000 millones de pesos. Vaya uno a saber cuántos de los 13 mil desmovilizados eran narcos, y a qué valores asciende el recaudo.

De momento se conoce que detrás de las transacciones fraudulentas estuvieron Luis Eduardo Carvajal alias ‘Rambo’, excomandante de la columna Daniel Aldana de las Farc en Tumaco – Nariño, y Marlon Marín, sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez.

La DEA descubrió que ‘Rambo’ incluyó en la lista de sus hombres al capo Milton Polivio Rosero Mena, pedido en extradición por los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. De Marín se conocen unas interceptaciones telefónicas en las que habla con otros sobre el ingreso de personas a los listados de las Farc, vanagloriándose de su estrecha relación con el secretariado de la extinta guerrilla.

Los señalamientos, especialmente contra el sobrino de Marín, dejan en evidencia la existencia de una red para meter ‘colados’ a la JEP, de la que muy seguramente participaron los jefes de las Farc y por la que deberían ser investigados todos los integrantes del ahora partido político.

Lo que sí queda claro con todo esto es que las objeciones presidenciales a la JEP no son un capricho, como algunos defensores del crimen han querido hacerlo ver. Precisamente una de esas (la del artículo 63) busca que el Comisionado para la Paz sea consultado por la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP para la incorporación a las listas de personas que pueden comparecer ante el tribunal transicional, para impedir que dicha Sala pueda “considerar personas sobre las cuales la Oficina del Alto Comisionado haya decidido su no acreditación”, como lo señala el texto original.

Así las cosas, le corresponde a la Fiscalía atar los cabos sueltos que dejan las grabaciones telefónicas de Marlon Márquez, y que podrían conducir a los cerebros de la red encargada de mercadear con los cupos de la JEP, y al Senado de la República salvar las objeciones presidenciales que le impedirían a las Farc seguir burlándose del pueblo colombiano.

Nota: ojalá el Departamento de Estado de los Estados Unidos se ocupe del asunto, por cuanto se constituye en una auténtica obstrucción a la justicia de ese país.

@JenniferAriasF

Publicado: abril 26 de 2019