Los soldados y policías de nuestra nación son ciudadanía en armas. Nos representan a todos y procuran defendernos a todos.

El gobierno por boca del presidente Santos,  hace discursos para condenar la “guerra” que se libró (?) con las Farc desde hace ya muchos años. Dirigiéndose  las mujeres les dice que no pongan más hijos para ese conflicto. Por lo tanto deben votar el plebiscito afirmativamente. Cualquier colombiano sabe que los hijos a los cuales se dirige el mandatario son los que por obligación legal o por su propia voluntad marchan en las filas del ejército, de las Fuerzas Armadas. De manera que prestar servicio militar es, además de una obligación legal, un mandato moral, un compromiso personal con el Estado y con la patria. No todo ciudadano puede ser soldado porque la Fuerza Pública incorpora solamente el número de ciudadanos que requiere o no son aptos para el servicio. Lo mismo ocurre con las escuelas de formación de oficiales y suboficiales cuyas matrículas son limitadas. Lo que afirma el presidente, por tanto, es irregular y contra ley.

Los soldados y policías de nuestra nación son la ciudadanía en armas. Nos representan a todos y procuran defendernos a todos. En la larga contienda que han sostenido nuestras fuerzas constitucionales han caído muchos de ellos. Según los cálculos del Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, oficial que sí estuvo en los frentes de batalla y se mojó de lágrimas y sangre, a diferencia de los señoritos oficiales de oficina y diplomacia, en los últimos 35 años han muerto en combate o en acciones conexas con el conflicto, 32 mil uniformados que dejaron viudas a 13.600 mujeres o esposas y 54 mil huérfanos. Además 17 mil mutilados por las minas quiebrapatas o antipersonales y 3 mil detenidos en las cárceles por actuaciones relacionadas con la confrontación armada.

Soldados y policías han sido la fuerza legítima que porta las armas de la república. Quienes los hemos visto desfilar los 20 de julio en parada militar frente a las autoridades civiles y los altos mandos, podemos deducir que son ellos los actores que tienen que seguir defendiéndonos de los presuntos rebeldes en armas contra la sociedad. Pero que no pueden ser motivo de igualación con quienes han causado las cifras atrás escritas. Y menos aún tener que observar a sus enemigos que les causaron bajas, secuestros, torturas, fusilamientos sin fórmula de juicio, desplazamientos de sus familias y muertes de sus parientes, libres de toda responsabilidad y culpa, mientras están procesados por miles sus “lanzas”, sus compañeros de armas.

Más todavía, les espera a muchos soldados y policías, altos y medios oficiales, activos o en la reserva, que sean convocados al Tribunal Especial, creado para juzgarlos por delitos cometidos o no cometidos. Para obtener su libertad tendrán que confesarse culpables aunque no lo sean, la auto inculpación forzada, ante magistrados extranjeros y nativos que seguirán las reglas del acuerdo con las Farc, por encima de la legalidad tradicional y constitucional.

Son a esos hombres y mujeres que por la interpretación de los acuerdos de paz en materia militar, les han cambiado el rumbo de la doctrina castrense, cuando todavía rige la violencia en los campos por los mismos, pero distintos.