Dos magistrados de la Corte que avalaron el fast track buscan que el gobierno los nombre en importantes cargos públicos.

La  decisión adoptada por la Corte Constitucional que deja vivo el denominado fast track es la cereza que le faltaba al pastel de la trampa que empezó a cocinarse en la Casa de Nariño desde el mismo instante en que el NO ganó el plebiscito del 2 de octubre.

Como lo ha reconocido el mismo presidente Santos, el Nobel de Paz fue utilizado como una suerte de patente de corso con la que el gobierno, desconociendo el veredicto popular, maquilló el nuevo acuerdo que de manera ilegal fue ratificado en el Congreso de la República.

Pero quedaba un cabo suelto: el del fast track. La Corte, en la sentencia que le dio vía libre al acto legislativo para la paz fue clara al decir que aquel mecanismo que rompe claramente con la estructura constitucional colombiana sólo podía implementarse si el pueblo mayoritariamente lo autorizaba a través de un plebiscito.

Las palabras de la corte no admiten interpretación alguna. Lo interesante es que la sentencia que inmediatamente sentó jurisprudencia fue firmada por los mismos magistrados que ahora se contradicen al decir que Congreso puede proceder a aprobar las normas que se requieren para implementar el pacto con la guerrilla de manera expedita, alegando que la cuestionable ratificación parlamentaria del supuesto nuevo acuerdo es más que suficiente.

Convencidos de que el SÍ arrasaría en el plebiscito, los magistrados de la Corte se la jugaron a fondo por la ratificación popular, cerrando cualquier otra posibilidad pensando, precisamente, en que el día de mañana las mayorías parlamentarias pueden cambiar y aquello pondría en riesgo lo aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes respecto de la implementación del acuerdo con la guerrilla.

Uno de los grandes avances de la Constitución de 1991 fue el de la incorporación de los mecanismos de participación ciudadana que le dan vida a la democracia participativa. Hay asuntos de trascendencia en los que los ciudadanos  son los que tienen la última palabra. Y ese, precisamente, fue el argumento que Juan Manuel Santos utilizó para defender el plebiscito del 2 de octubre: que frente al acuerdo y todo lo que de él se desprendía, la decisión final era del pueblo.

El pueblo se pronunció en las urnas de manera contraria a sus intereses. El acuerdo no fue avalado razón por la que, de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, el fast track  no podía ser implementado.

Ahora, atendiendo razones de política menor, los magistrados cambiaron de opinión, pero lo más escandaloso es que ellos mismos se han contradicho. La presión que se ejerció sobre la corte desde diferentes sectores, empezando por el gobierno y los terroristas armados de las Farc, fue descomunal.

Y como en el tribunal no hay juristas capaces de anteponer su condición de guardianes de la Constitución sino politiqueros de segundo nivel, la arremetida surtió efecto.

Muchos de los magistrados que se rindieron culminarán su periodo en el tribunal en los próximos meses y por eso causa preocupación los rumores que se han oído sobre prebendas burocráticas, particularmente a dos de los togados: María Victoria Calle, cuyo compañero permanente el exconsejero de Estado Gustavo Gómez Aranguren aspira a ser nombrado como embajador de Colombia ante la misión de la ONU en Ginebra, Suiza y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo a quien se le habría ofrecido un cargo de singular relevancia en la denominada Justicia Especial de paz.

La doctora Calle culmina su periodo en la Corte Constitucional en abril del próximo año y Mendoza Martelo en febrero. Sería gravísimo que luego de que ellos, violando la Constitución y contradiciendo su propio criterio inicial, ahora sean premiados por el gobierno con cargos que, por supuesto, van a acompañados de multimillonarios salarios.

Al anteponer sus intereses políticos y burocráticos, los magistrados de la Corte Constitucional hirieron mortalmente a la Carta de 1991. Su deber era el de protegerla al margen de las coyunturas políticas y no lo hicieron. Cual mercaderes tranzaron su voto, su criterio y sus principios. Por agradar a un Juan Manuel Santos que, como es su costumbre, los traicionará, la Corte Constitucional rompió en mil pedazos la voluntad de la mayoría ciudadana que el 2 de octubre le dijo NO al acuerdo con los terroristas de las Farc.

@IrreverentesCol