El martes 26 de septiembre los colombianos esperábamos con ansias los nombres de los 51 magistrados del Tribunal de Paz y las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz.  Si bien era evidente que la gran mayoría de nombres iban a producir controversia; la realidad superó cualquier pronóstico.

Al revisar los nombres de los escogidos para la JEP salta a la vista que muchos son miembros de ONGS,    colectivos de abogados de extrema izquierda y otros tantos son contratistas del  Gobierno Santos.  ¿Cómo puede ser garantía de imparcialidad alguien como la Señora Sandra Rocío Gamboa Rubiano que es cercana al Senador Iván Cepeda y miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo? ¿Cómo puede ser garantía de imparcialidad alguien como el Señor Rodolfo Arango que en múltiples ocasiones ha expresado su odio contra aquellas personas que no piensan como él –entiéndase  Álvaro Uribe y las personas que lo rodean-?

Desde que el Gobierno Santos se burló de la voluntad popular expresada con el plebiscito en virtud del cual se repudiaba el acuerdo final de paz con los terroristas de las Farc nada sorprende. Sin embargo lo sucedido el martes con la designación de los magistrados de la JEP es muy grave en la medida que esas personas son las que tendrán la responsabilidad de juzgar a aquellas personas involucradas en el conflicto –incluyendo militares-.

El uribismo tiene la obligación de ganar las elecciones del 2018. Un Gobierno de transición como el que plantea las Farc significaría la perdida de la República pues todo parece indicar que la famosa JEP será el camino perfecto para perseguir opositores –entiéndase al uribismo-.

La izquierda colombiana está realizando todo tipo de alianzas para alcanzar el poder. Se le tiene que exigir a los candidatos de centro derecha que dejen atrás los egos y entiendan de una vez por todas que lo que está en juego es Colombia.

@josecuellob

Publicado: septiembre 28 de 2017