Uno de los peores males que aqueja a la democracia colombiana es la corrupción de la justicia. Jueces y fiscales que se valen de sus cargos para enriquecerse fabulosamente o para prestarse a causas políticas innobles, le hacen igual o mayor daño a la sociedad de la que puede hacer una estructura armada ilegal.

Cerca del 90% de los colombianos no confía en la administración de justicia, desconfianza que se sustenta en hechos bochornosos como los que se vieron durante la era Montealegre-Perdomo en la Fiscalía General de la Nación.

Lo que resulta curioso es que miembros de la rama jurisdiccional que han caído en desgracia en Colombia por su corrupción, ahora estén abriéndose espacio en otras naciones, como es el caso de Iván Velásquez, Ángela María Buitrago y Martha Lucía Zamora que son repudiados en nuestro país por la manera abusiva con que ejercieron y la obstinación con que persiguieron a personas inocentes, siguiendo unos lineamientos políticos e ideológicos.

 

Iván Velásquez

Famoso por haberse ido a tomar aguardiente con una mujer que él esperaba testificara contra el hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras, edificó a la famosa “parapolítica” con base en el decir de testigos a los que la justicia les ofrecía jugosas rebajas en sus penas a cambio de que declararan contra tal o cual dirigente político.

Velásquez se paseaba por las cárceles de Colombia ofreciendo dádivas a diestra y siniestra a cambio de algún testimonio que le sirviera para encarcelar a congresistas afectos al gobierno de Uribe, llegando al extremo de adelantar, sin competencia alguna, investigaciones contra Álvaro Uribe.

Enemigo personal del expresidente Uribe, abusó de las leyes colombianas para perseguirlo, desacreditarlo y desprestigiar su obra de gobierno. Gracias a él, durante los 8 años de la Seguridad Democrática, la Corte Suprema de Justicia colombiana ejerció como un partido político de oposición que en vez de enfrentar al gobierno con discursos y propuestas, lo hacía a través de órdenes de captura y condenas contra parlamentarios afectos al uribismo.

El magistrado auxiliar Iván Velásquez cayó en desgracia en la propia Corte Suprema que lo utilizó y cuando había cumplido con la innoble misión que le fue encomendada lo desechó.

Cubierto por el descrédito y repudiado por los juristas colombianos que, al margen de sus querencias o desamores hacia el uribismo, consideraban que el papel que desempeñó era despreciable, Iván Velásquez buscó trabajo en Guatemala como miembro de la denominada “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, cuerpo que busca castigar los casos de corrupción más sonados de esa nación centroamericana.

Apelando su cuestionado estilo y la manera como desarrolla las investigaciones, Velásquez ha liderado algunos procesos contra líderes políticos guatemaltecos, pero el manto de duda sobre su proceder se ha mantenido.

El expresidente de ese país, Otto Pérez Molina, investigado y acusado por Velásquez de ser el cerebro de una red criminal, se ha encargado de demostrar que el exmagistrado auxiliar colombiano ha ejercido presión sobre los fiscales y los magistrados de Guatemala para que actúen en contra suya. Algo muy parecido a lo que hizo en Colombia durante el denominado proceso de la “parapolítica”.

 

Ángela María Buitrago

Trató de convencer a los colombianos que ella era una suerte de “fiscal de hierro” cuando adelantó la investigación que condujo a prisión al coronel Alfonso Plazas Vega por su participación en la operación de recuperación del Palacio de Justicia, luego de que éste fuera tomado por la banda terrorista M-19.

Buitrago edificó la acusación contra Plazas Vega con base en el testimonio falsificado de un supuesto testigo que ella se inventó y que, por supuesto, la defensa de Plazas jamás pudo controvertir.

Con base en ese elemento el oficial fue llevado a juicio y condenado en primera instancia a 30 años de cárcel por los delitos de homicidio y desaparición forzada. La sentencia contra el oficial despertó indignación en el pueblo colombiano que siente infinita gratitud hacia él por la manera heroica con que impidió que los bandoleros del M-19 cumplieran su misión de conducir al presidente de la época, Belisario Betancur, al Palacio de Justicia con el fin de adelantarle un juicio revolucionario.

Si Colombia no colapsó aquel 5 de noviembre de 1985 fue, en buena medida, por la acción decidida y valerosa de Plazas Vega quien, cumpliendo órdenes, pudo ingresar al Palacio de Justicia con sus soldados a rescatar a decenas de personas que se encontraban secuestradas por el comando terrorista.

Más de 20 años después de los hechos, la fiscal Buitrago inventó la investigación contra el oficial que fue llevado al banquillo de los acusados. Pasó más de 8 años privado injustamente de la libertad, sometido a la peor de las humillaciones, hasta que la Corte Suprema de Justicia tumbó la sentencia en su contra.

Buitrago, desprestigiada en Colombia buscó trabajo en otras latitudes. Ahora se encuentra en México haciendo parte del “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” encargado de investigar las circunstancias en las que se produjo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

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El coronel Plazas estuvo privado de la libertad más de 8 años por cuenta de un testigo inventado por Ángela María Buitrago.

Su presencia en México, como es de suponer, ha despertado críticas por el estilo corrupto con que adelantó la investigación contra el coronel Plazas Vega en Colombia. El “Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública” de México, formalmente le ha pedido al gobierno de aquel país que proceda a la expulsión de Ángela María Buitrago, argumentando que “no ostenta la calidad ética que se requiere para adelantar una investigación tan importante como la de Ayotzinapa”.

 

Martha Lucía Zamora

A los pocos días de haber tomado posesión como Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre anunció que su despacho revelaría una información que “haría temblar al país”. Se trataba de una investigación adelantada por Martha Lucía Zamora en relación con el secuestro y posterior homicidio de 11 de los 12 diputados del Valle del Cauca a manos de la banda terrorista Farc.

La historia era escabrosa. Uno de los diputados secuestrados y que fue el único sobreviviente de la masacre, Sigifredo López, según Martha Lucía Zamora era miembro de las Farc y había ayudado a planear el secuestro y el posterior fusilamiento de sus colegas.

Según la tesis investigativa de Zamora, Sigifredo López había permitido que lo tuvieran secuestrado durante más de 6 años para darle “sustento” a la pantomima. Colombia entera se estremeció, tal y como había pronosticado el fiscal Montealegre.

Pero la farsa empezó a desmoronarse cuando se conoció que las pruebas sobre las que Zamora había construido el caso era el testimonio de un falso testigo y un video en el que una persona hablaba de la planificación de secuestro. De esa persona sólo se veía la punta de su nariz y Zamora concluyó, sin certeza alguna, que era Sigifredo López.

El caso era ridículo y, sin embargo, el exdiputado fue encarcelado por orden de la fiscal. Permaneció largos meses privado de la libertad hasta que se logró demostrar que el testigo mentía y que la nariz del video no correspondía a la suya.

Zamora fue despedida de la fiscalía y de inmediato encontró refugio en los cuarteles del petrismo. Fue nombrada como secretaria de gobierno de Bogotá. Culminado el cuestionado periodo de Petro en la alcaldía de la capital, Zamora aspiró a que Santos la incluyera en la terna de la que la Corte Suprema escogió al nuevo Fiscal General de la Nación. Como era de suponer, su nombre ni siquiera fue tenido en consideración.

Desacreditada por sus propias prácticas profesionales, Zamora comprendió que en Colombia no tiene espacio para ejercer, razón por la que llamó a su viejo aliado y compinche Iván Velásquez quien le abrió un espacio a su lado, nominándola como investigadora de la “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.

Estos juristas que tienen como norma de conducta la construcción de sus investigaciones con el dicho de falsos testigos,  con pruebas prefabricadas y guían su labor profesional por su ideología política, han dejado de hacer daño en Colombia, para empezar a hacerlo en otras latitudes.

@IrreverentesCol