En nuestro país, los indígenas gozan frente a los demás colombianos de una gran variedad de prerrogativas y garantías que les otorga el Estado, en relación con otros sectores poblacionales.

“Los hijos de la Pacha Mama” (Madre Tierra),  como ellos se definen,  tienen fácil acceso por parte del gobierno, sea nacional, departamental o municipal, a que se los incluya de manera prioritaria dentro de los diferentes programas o políticas gubernamentales que se lleven a efecto. Por ejemplo, en salud, en educación, en  vivienda, etc., etc., etc.

De igual manera el ordenamiento jurídico colombiano les consagra derechos como a la  dignidad, la honra y el buen nombre de los grupos étnicos; la certificación de la existencia de una comunidad indígena en el territorio; a la propiedad colectiva sobre la tierra; a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos; a  administrar y disponer de sus territorios;  a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio; a la consulta previa y a una educación que respete su cultura.

De conformidad con lo anterior, prácticamente los indígenas son unos privilegiados, así se quiera demostrar lo contrario.

Ahora bien, las comunidades indígenas asentadas en resguardos cuentan con su propia legislación, la cual basada en sus usos y costumbres se encarga de regular su organización y convivencia. Su autonomía para decidir por sí mismas qué es lo que quieren y pretenden es de tal magnitud que los habitantes y gobernantes de otras entidades territoriales pareciera que les tuvieran envidia.

El máximo órgano de gobierno de los resguardos es El Cabildo. Este  tiene entre sus funciones una que es sumamente importante: la elaboración del presupuesto de inversión con los recursos que les transfiere la Nación. El gobernador que se elige a  través del voto popular es el responsable de ejecutarlo mediante la realización de obras y adelantando planes de bienestar común.

Sin embargo, se está observando que muchos gobernadores indígenas y demás autoridades no cumplen a cabalidad con los objetivos y metas trazadas en el plan de inversión, en virtud a que con el auspicio de los demás integrantes del cabildo manejan y despilfarran el presupuesto como si se tratara de plata de bolsillo.

Así, lo acaba de dar a conocer  la Contraloría General de la República, mediante  un informe sobre un proceso de fiscalización a los más de $1,04 billones del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas de Colombia, durante las vigencias de 2015 a 30 de junio de 2019.

En dicha auditoría se encontró 156 hallazgos fiscales por $16.776 millones de pesos que dan cuenta de la gravedad del problema que significa el manejo de estos recursos. Pues, sólo el 25% de las entidades objeto de la actuación manejaron adecuadamente estos recursos; el 62% presentó fallas no tan graves y el 11%,deficiencias generalizadas.

No obstante, ese informe de la Contraloría, lo cierto es que para las autoridades indígenas  no existe un efectivo y acertado control oficial sobre el manejo de los dineros que se les entrega, sino aparentemente de sus comunidades que manipulan como más les parezca, se dan el lujo de no acatar ninguna norma y procedimiento de contratación administrativa. Todo lo hacen informalmente, so pretexto de que la palabra empeñada está por encima de cualquier cosa.

De allí que, en varias oportunidades los supuestos “contratistas” les dan en la cabeza a los gobernadores, al  hacerles obras o venderles  suministros de baja calidad. Pero eso sí a unos costos totalmente elevados. Será que los gobernadores también aplican el famoso “CVY” (¿cómo voy yo?), por instrucciones de los espíritus ancestrales. Quizás la luna tenga la respuesta.

Por mandato legal los alcaldes municipales en aquellos lugares en donde existen resguardos  son los encargados de ejercer una especie de control de tutela sobre la forma en que deben manejarse los recursos por el gobernador  través de unos convenios. Pero resulta que éstos ni bolas les paran frente a cualquier insinuación o recomendación que se les haga porque se consideran que no debe haber injerencia de otras autoridades en sus asuntos.

Claro está, que posteriormente son los mandatarios locales los que deben rendir informes y ser los responsables fiscal y jurídicamente ante la contraloría departamental de las nefastas acciones y omisiones que cometen  los representantes directos de las comunidades indígenas.

Ante lo que hacen o dejan de hacer  los gobernadores y demás “funcionarios”, sería bueno que las propias comunidades indígenas despierten y reaccionen. Y que ejerzan un efectivo control de los recursos que les llegan para así  evitar cualquier asomo de corrupción administrativa que empieza a detectarse en ese tipo de autoridades, quienes se están acostumbrando a  aprovechar cualquier espacio que se les brinda  a fin de llorar y llorar pobreza, a sabiendas que realizan lo que se les viene en gana con la plata que se les transfiere de otros colombianos que si pagan impuestos hasta más no poder.

@Soluepastas

Publicado: octubre 21 de 2020