Durante la oscura y corrompida administración de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, Colombia tuvo que acostumbrarse a una fiscalía que fungía como un directorio politiquero, en la que las grandes investigaciones tenían un trasfondo ideológico. Los amigos y aliados de Montealegre y Perdomo tuvieron licencia para delinquir, mientras que aquellos que, a pesar de su inocencia se atrevieran a cuestionarlos, fueron perseguidos con inclemencia.

El código penal, que fue redactado para sancionar a los malhechores, fue implementado por Montealegre y Perdomo como arma de constreñimiento político.

Al producirse el relevo en la fiscalía, no fueron pocas las voces calificadas que aseveraron que por cuenta de sus compromisos políticos, Néstor Humberto Martínez sería un fiscal con muy poco margen de acción.

El tiempo se ha encargado de demostrar que Martínez Neira ha cumplido con lujo de detalles sus funciones al frente de la fiscalía general de la nación, investigando y llevando ante los jueces de la República a todos aquellos que hayan transgredido las leyes, sin importar su origen político, o su poder económico.

A las Farc, por ejemplo, les acaba de propinar un golpe demoledor, con la incautación de los supermercados Supercundi, red que en efecto era una monumental lavandería de dólares en la que la guerrilla tenía una inagotable fuente de ingresos. Las consecuencias de esa acción serán mucho más importantes de lo que hasta ahora se ha visto, pues no se descarta que algunos cabecillas de esa estructura terrorista, entre ellos alias Romaña y alias Carlos Antonio Lozada, terminen perdiendo los beneficios otorgados por Juan Manuel Santos, toda vez que no declararon la existencia de esa cadena de supermercados en el momento de la firma del acuerdo con el gobierno nacional.

Otra acción reciente de la fiscalía que merece ser aplaudida es la incautación de bienes no declarados de los dueños de Interbolsa, la familia Jaramillo y su socio Juan Carlos Ortíz, quienes desfalcaron a miles de colombianos que confiaron en ellos los ahorros de toda su vida.

Se trata, según la propia fiscalía, de “11 propiedades avaluadas aproximadamente en $20 mil millones de pesos…Sobresale una casa lujosa en el norte de Bogotá y apartamentos que los administradores del denominado Fondo Premium de Interbolsa habrían ocultado a través de sociedades y terceras personas”.

Es evidente de Jaramillo y Ortiz intentaron ocultar esas propiedades para evitar que fueran rematadas y el dinero entregado a las víctimas de Interbolsa, muchas de las cuales aún siguen esperando la devolución de su dinero.

Nadie se imaginaba que el fiscal Néstor Humberto Martínez fuera a meterse con esos poderosos empresarios a los que les fue muy bien con Eduardo Montealegre, quien perfeccionó con ellos un acuerdo  bastante generoso, en comparación con el tamaño del robo que cometieron.

El escándalo de Odebrecht es otro capítulo en el que gracias a las investigaciones de la fiscalía, políticos de gran importancia han terminado tras las rejas. Gracias a las pesquisas del ente investigador, hoy están tras las rejas Bernardo Ñoño Elías y Plinio Olano, entre otros. No se descarta que los demás miembros del denominado grupo de los Bulldozer, sean capturados por orden de la corte suprema de justicia en los próximos días.

Con las capturas de dos importantes testigos de ese entramado de corrupción, Néstor Humberto Martínez ha podido obtener información de primer nivel sobre la participación de personas del círculo más cercano del presidente Santos, como es el caso del corrupto Roberto Prieto y el muy cuestionado senador Armando Benedetti, a quien por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa para ingresar a ese país.

Una sociedad progresa en tanto la justicia no sea selectiva. Una sociedad logra la cohesión cuando sus asociados tienen la plena certeza de que la administración de justicia es implacable con todos los que violan la ley, sin importar su poder político o económico. Y una sociedad madura, cuando tiene la certeza de que los fiscales no procederán contra alguien por razones políticas o ideológicas.

Los duros golpes que ha dado el fiscal Néstor Humberto Martínez desde que asumió su cargo, además de afectar a la criminalidad, se han constituido en elementos generadores de confianza en tiempos en los que la justicia sufre una crisis de desprestigio.

@IrreverentesCol

Publicado: marzo 6 de 2018