Ha quedado comprobado que los alevosos indígenas que durante 26 días tuvieron bloqueada a la vía Panamericana, son unos vulgares e irracionales extorsionistas que, a pesar de las pruebas que existen sobre la inminencia de un atentado terrorista contra el presidente de la República, insisten en obligarlo a ir al mismo sitio en el que podrían estar mimetizados los francotiradores que fueron contratados para acabar con la vida del primer mandatario.

El gobierno fue en extremo generoso con los facinerosos que integran la denominada minga, al establecer un canal de diálogo con el objetivo de encontrar una salida dialogada a la crisis. Luego de varias jornadas y de múltiples desplantes y presiones indebidas por parte de los voceros de los indígenas, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez se empleó a fondo y con rigurosidad para encontrar un acuerdo que le puso fin a la crisis. 

Luego de largas y juiciosas jornadas de trabajo, se llegó a un plan de inversiones muy riguroso y responsable -financiado con recursos contemplados en el plan nacional de desarrollo- que supera los $823 mil millones de pesos, un esfuerzo monumental en medio de la tremenda crisis fiscal que heredó Iván Duque de la nefasta administración anterior. 

El presidente Duque, que es un gobernante abierto al diálogo y promotor de entendimientos, se comprometió a conversar con los indígenas como consecuencia de la suscripción del acuerdo. Pero el descubrimiento del plan criminal para acabar con su vida, pone la situación en un punto muy complicado.

Muy a pesar de los riesgos, el mandatario cumplió con su palabra y se desplazó al municipio de Caldono, Cauca, observando rigurosas medidas de seguridad. Su responsabilidad con el país le impide tomar medidas audaces e irresponsables. Al fin y al cabo, él es el presidente y es quien pone las condiciones. 

Resulta altamente sospechoso que los cabecillas del movimiento indígena, muchos de ellos estrechamente vinculados con estructuras armadas ilegales, hayan insistido en que Duque fuera a un parque público, precisamente el sitio en el que se cree hay francotiradores apostados. 

Este no es un asunto de diálogo social, sino una vulgar, deleznable y nauseabunda extorsión al presidente de la República, emprendida por un grupo de facinerosos que cuentan con el respaldo de disidentes del frente sexto de la banda terrorista Farc.

Ya sabemos que tienen acceso a artefactos explosivos y que poseen armas largas. 

Como corresponde, el presidente ha insistido en que el encuentro es posible, pero bajo sus condiciones, en un lugar donde su seguridad física esté medianamente asegurada.

Que nadie se llame a engaños: los indígenas no están interesados en dialogar, sino en extorsionar al gobierno, en llevar al presidente de la República a la boca del lobo. Es altamente preocupante que dirigentes de la extrema izquierda, como es el caso del senador de extracción comunista, Alexander López, se encuentren en la zona, agitando e incentivando la crispación. 

Que el presiente Duque no ceda, que se quede en su punto. Si los antisociales de la minga sinceramente quieren hablar con él, que se desplacen hasta el lugar donde él se encuentra. De lo contrario, sin importar las consecuencias, el gobierno está en la obligación de retirarse de la zona, ordenar su inmediata militarización y garantizar, al precio que sea, que el orden público no vuelva a sufrir alteraciones. 

@IrreverentesCol

Publicado: abril 9 de 2019