Es urgente que la justicia castigue ejemplarmente a los bandidos que ordenaron las interceptaciones a través de la red criminal que dirigía el ahora detenido exgeneral de la policía, Humberto Guatibonza. Castigo para quienes realizaban esas actividades ilícitas, pero sobre todo para quienes contrataron esos servicios, como es el caso del senador Armando Benedetti, partícipe de los peores escándalos de corrupción de Colombia y que, a pesar de las pruebas que hay en su contra, sigue libre, pues al parecer es un protegido de la corte suprema de justicia.

Y los magistrados de ese tribunal también deben pagar con cárcel por haber ordenado, de manera ilegal, interceptar el teléfono del presidente Uribe.

Aquellos que planearon esa actividad criminal, al verse descubiertos, sacaron un comunicado de prensa asegurando que “por error” habían chuzado durante cerca de un mes el teléfono del expresidente, creyendo que estaban oyendo a otra persona. Esa explicación, además de ser un insulto a la inteligencia, es la demostración plena de que la corte suprema de justicia está colmada por unos cuatreros de la peor calaña, que enlodan la majestad de la justicia y son –los magistrados- un verdadero peligro para la sociedad. Primero vino el escándalo del cartel de la toga, hecho que al parecer quedará en la impunidad. Nadie va creer que solamente Gustavo Malo y Leonidas Bustos eran vendedores de fallos. Ahí, en la sala penal, quedan muchos que se enriquecieron fabulosamente negociando sentencias.

El abogado Iván Cancino ha explicado con absoluta claridad que el supuesto error cometido no tiene explicación alguna, pues de acuerdo con su concepto, antes de que se ordene una interceptación, el investigador –en este caso la corte suprema- debió haberle preguntado a la empresa de telefonía a nombre de quién estaba la línea a la que se pretendía hacerle la chuzada. En palabras del doctor Cancino, “nosotros no podemos aceptar, desde ningún criterio jurídico que una interceptación cometida por error o por la circunstancia que haya sido, la podamos convalidar. En mi criterio jurídico, esa interceptación que le hicieron al expresidente Uribe no puede ser utilizada en un proceso judicial”.

Al margen de las consideraciones puramente jurídicas, lo cierto es que los magistrados de la corte suprema prevaricaron y cometieron fraude procesal. Resulta lamentable, nauseabundo que los integrantes de la más alta corporación de la justicia de nuestro país sean, como Armando Benedetti, unos vulgares chuzadores.

Ninguna garantía tiene el presidente Uribe, investigado por el magistrado Barceló, un operador político al servicio de causas oscuras que durante 4 semanas se concedió la licencia de oír todas las conversaciones telefónicas de Uribe, sin orden judicial.

El proyecto de reforma a la justicia presentada por la ministra Borrero no está a la altura de las necesidades. Colombia necesita una reestructuración profunda y definitiva de la rama judicial y no una limpieza rápida de la fachada, como en el fondo es la reforma recientemente socializada.

El congreso no tiene el músculo ni la independencia suficiente para acometer una verdadera reforma. Los magistrados, que están muy cómodos con las gabelas y el régimen corrupto que ellos mismos crearon, tienen el poder de encarcelar a los congresistas que se atrevan a purgar a la justicia. Así que la única alternativa viable, realista y sinceramente definitiva es el de la convocatoria a una asamblea constituyente limitada que en cuestión de unas pocas semanas apruebe una nueva estructura de la rama jurisdiccional de Colombia.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 17 de 2018