Gracias a la debilidad de Claudia López y Jorge Iván Ospina la primera línea pareciera cogobernar en Bogotá y Cali. Los encapuchados se pasean a sus anchas por las ciudades, les marcan la agenda política a los mandatarios y, lejos de ser judicializados, reciben el apoyo de las administraciones locales.

En Bogotá la realidad es más que clara. La administración López permitió que el Portal de las Américas se convirtiera en el nuevo Bronx, no ha tenido el carácter para levantar cualquier intento de bloqueo en las vías de la ciudad y en vez de realizar un despliegue preventivo de la Fuerza Pública priorizó un bloque inútil de gestores de convivencia que creen ingenuamente que pueden detener el vandalismo a punta de poesía.

Además, legitimó de facto la violencia de la primera línea al reconocerlos como un interlocutor político con quien puede negociar su agenda, les facilitó terrenos e insumos para que entrenaran su terrorismo urbano de cara al 20 de julio y, para completar, envió una comitiva de la Secretaría de Gobierno para que recibieran con los brazos abiertos a la minga indígena que hace unas semanas destruyó los monumentos de la ciudad.

Una seguidilla de errores que denotan la falta de autoridad de una administración que está más preocupada por poner la burocracia del Distrito a disposición de la candidatura de Sergio Fajardo que en evitar la caída de Bogotá en manos de la violencia.

Y ni que hablar de la situación de Cali. La capital del Valle quedó cooptada durante varias semanas por una mezcla entre minga, primera línea y narcotráfico cuyo único objetivo era sabotear el inicio de la fumigación aérea en el Cauca.

La obstrucción sistemática del Alcalde a las labores del Ejército ha sido más que evidente y a través del Decreto 304 condicionó la intervención de la Fuerza Pública para reestablecer el orden público, mientras, al mismo tiempo, estableció una mesa de negociación con los encapuchados de la primera línea.

Todo esto, bajo la excusa errónea de priorizar un diálogo eterno, sin propuestas concretas, que pretende explotar electoralmente la debilidad de la Casa de Nariño, dado que a la izquierda no le conviene que se cumplan las proyecciones de crecimiento del 6% al 8% este año ni que la reactivación económica logre materializar una recuperación de empleos mucho más agresiva que la vista hace un año, donde, para diciembre, ya se habían logrado reestablecer 4.7 de los 5.4 millones de puestos de trabajo perdidos por las cuarentenas.

A pesar que mucho se le ha solicitado, el Gobierno Nacional nada que toma la decisión de asumir el manejo de la seguridad en Cali y Bogotá. Tanto López como Ospina, por hacer cálculos políticos, dejaron sus ciudades a merced de un terrorismo urbano que le hizo perder $15 billones a la economía en mayo.  La primera línea pareciera cogobernar en dos de las ciudades más importantes del País y, mientras tanto, nada pasa. Como siempre.

@LuisFerCruz12

Publicado: julio 21 de 2021