Como si no fuera suficiente con la insolencia de los envalentonados narcoterroristas de las FARC, como para tener que aguantar también, la arrogancia y las amenazas del presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), magistrado Eduardo Cifuentes.

Desafinada, por decir lo menos, la respuesta que por estos días diera el soberbio magistrado al presidente Duque, advirtiéndole que no es competencia suya instruir a la JEP, por haber anotado que “la construcción de una genuina paz implica que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad deben tener sanciones proporcionales y efectivas (…) que quien es sancionado por crímenes de lesa humanidad no puede revictimizar a quienes ha flagelado ostentando poder político. Y sobre todo en las más altas cumbres del poder legislativo”, luego de que se conociera la decisión de imputar crímenes de lesa humanidad y de guerra a ocho miembros de la cúpula de las Farc por el delito de secuestro.

Altaneras y amenazantes, además, las declaraciones del magistrado por las críticas recibidas, una vez hizo pública la “estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos”, en la que la JEP establece que “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008” y no los 2.248 casos reportados y sustentados por la Fiscalía General de la Nación.

Más que natural el torrente de críticas desatado una vez se conoció el dichoso documento con esa desmesurada cifra suministrada, en buena parte, por una partida de ONGs, proclives todas a auxiliar y defender a sus amigos de las FARC, y sin soporte riguroso de verificación.

¿Cómo así que disentir o criticar decisiones o fallos de ese tribunal no es posible porque él los considera “ataque a una institución de justicia” y quien lo haga “deberá responder ante las autoridades”?

¿Olvida acaso el magistrado que discrepar, es un derecho constitucional (Art. 20 “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones…”)? En democracia, los ciudadanos tenemos derecho a opinar o criticar públicamente a quienes ejercen cargos públicos.

Osado el presidente de ese tribunal espurio, que olvida, además, que fue esa misma entidad, la razón principal por la que la mayoría de colombianos rechazamos el acuerdo de La Habana en las urnas, y que luego a punta engaños, mermelada y torceduras de pescuezo a las leyes, fue impuesta; y que fue nombrado por un puñado de extranjeros: Enrique Santiago (español), Juan Méndez (argentino), Álvaro Gil (español), Diego García Sayán (peruano), todos izquierdistas afectos a grupos terroristas como: ETA, Montoneros y Sendero Luminoso, cuyo único propósito es el de asegurarles el indulto a los bandidos de las FARC y vengarse de militares y algunos civiles, no venga, entonces, a posar aquí de intocable porque esa actitud cuestiona, todavía más, su independencia y su imparcialidad.

El caso 03 apenas comienza y ya sabemos contra de quién va dirigido, ya hablaré en próxima oportunidad.

Amenazas de la JEP, ¡lo que nos faltaba!

P.S. Inmenso sentimiento de pesar por la muerte de Herbín Hoyos. Su legado en contra del secuestro y por la defensa de las víctimas, vivirá para siempre.

@cdetoro

Publicado: febrero 27 de 2021