Con el fin de la vacancia judicial, se produjo la posesión del grueso de los magistrados que integrarán a la denominada jurisdicción especial de paz, un grupo de personas cuya legitimidad está cuestionada gracias a que la mayoría ciudadana votó en contra de la JEP y de que sus integrantes pudieran ser seleccionados por abogados extranjeros.

Santos, arbitrariamente se pasó por la faja el veredicto popular y estableció un comité de seleccionadores que estuvo integrado por lo más graneado del izquierdismo internacional. El peruano Diego García-Sayán, el argentino Juan Méndez y el español Álvaro Gil Robles, acompañados por una farmaceuta colombiana y un magistrado de nuestra cuestionada corte suprema de Justicia, se dieron a la tarea de entrevistar y elegir a los togados de la JEP.

Comité socialista que seleccionó a los magistrados de la JEP

Como se denunció en su momento, el grueso de los seleccionados son personas con una abierta y agresiva militancia en la extrema izquierda, como es el caso de Sandra Gamboa, quien ha desarrollado su carrera como abogada en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, ONG que ha perseguido con inclemencia a las Fuerzas Militares de Colombia y, por supuesto, al uribismo.

Hasta el momento, el foco ha estado sobre las cuestiones burocráticas, sobre la estructura de la JEP, dejando de lado lo más relevante: el papel que ese entramado amorfo jugará para limpiar el pasado criminal de los cabecillas de las Farc quienes recibirán castigos irrisorios y jamás pisarán una cárcel, a pesar de la gravedad de los delitos cometidos.

El juez, por su propia naturaleza, debe ser totalmente imparcial. En el caso de la JEP, se designaron magistrados mayoritariamente de izquierda, enemigos enconados de la Fuerza Pública –a cuyos integrantes llaman despectivamente “milicos” y “tombos”-. Resulta previsible el tratamiento benigno con el que serán favorecidos Timochenko  y sus secuaces.

El entendimiento que de los hechos tendrán esos magistrados, estará guiado por sus propias creencias ideológicas. Aquellos que compartan la nefanda tesis del desaparecido Carlos Gaviria, en el sentido de que una cosa es matar para enriquecerse y otra es matar para buscar una vida mejor, verán en las atrocidades cometidas por las Farc hechos motivados por creencias ideológicas, olvidando que realmente se trató de crímenes de lesa humanidad.

Con esta JEP actuante, debemos prepararnos para registrar sentencias simbólicas frente a hechos horripilantes. Secuestradores, reclutadores de menores, responsables de desplazamientos masivos, determinadores de masacres, condenados a limpiar aceras, a permanecer en Colombia durante determinada cantidad de tiempo, dictar cursillos de convivencia y demás “sanciones”, mientras que miles de militares y policías que hoy están privados de la libertad, seguirán injustamente tras las rejas quién sabe cuántos años.

El veredicto final de la JEP, alimentado por el “estudio” que hará la parcializada comisión de la verdad, es desde ahora previsible: el gran responsable histórico serán el Estado y sus instituciones, mientras que los bandoleros de las Farc serán presentados como unas víctimas desvalidas que fueron forzadas a empuñar las armas.

Desde siempre se ha dicho que la historia es escrita por los vencedores. Aunque Colombia durante el gobierno de Uribe demostró que sí era posible ganarle la guerra al terrorismo, Santos se dio a la tarea de mostrarnos como si estuviéramos vencidos. Así, de rodillas y perfectamente reducido, llegó a la negociación de La Habana, donde los terroristas, protegidos por el castrochavismo, pusieron las condiciones. Una de ellas, la de administrar la justicia, desde donde se emitirá el veredicto histórico en el que los inocentes serán castigados y los victimarios, perdonados.

@IrreverentesCol

Publicado: enero 16 de 2017