Recientemente, LOS IRREVERENTES revelaron que la empresa de Remberto Merlano, popularmente conocido como “El zar del alumbrado público” había sido notificada por parte del municipio de Cúcuta que no le sería prorrogado el contrato de administración de las más de 47 mil luminarias que tiene la capital de Norte de Santander. (Puede leer “Auge y caída de un zar”).

Aquella decisión adoptada por la administración municipal de Cúcuta obligó a que se abriera un proceso de licitación para adjudicar, por los próximos 30 años, la “operación, administración, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público en el municipio de San José de Cúcuta”, tal y como se lee en el pliego de la licitación número SP.LP.004-2016.

Se trata de un contrato multimillonario para el que está previsto un presupuesto de $91.3 mil millones de pesos, lo cual hace que se enciendan todas las alertas para garantizar que se realice con toda la transparencia del caso.

Al revisar los pliegos de condiciones, brotan unas perlas que indicarían que, de entrada, estaría aceptándose sobrecostos injustificados.

La licitación contempla que el presupuesto se asignará para el mantenimiento de 12929 luminarias, lo que significa un costo promedio de $7 millones de pesos por luminaria (sobre la base de que el valor total del contrato es de $91.3 mil millones de pesos), precio excesivamente alto si se hace una comparación con lo que se ofrece hoy en día en el mercado.

Pero lo más curioso es que el contrato sólo sea por doce mil novecientas luminarias, cuando la ciudad de Cúcuta tiene más de 47 mil. En otras palabras, la capital nortesantadereana gastará poco menos de 100 mil millones de pesos para mantener únicamente el 27% de su alumbrado público.

Una revisión detallada del pliego arroja una serie de datos que permiten inferir el direccionamiento en dicha licitación, como si quisiera beneficiarse a un oferente determinado. Por ejemplo, sólo validarán como ofertas nacionales aquellas que sean presentadas por empresas de Guatemala y El Salvador, dejando por fuera a compañías chilenas, de la Unión Europea y los Estados Unidos.

En cuanto a la experiencia exigida, llama la atención que tratándose de una licitación para una ciudad con 47 mil luminarias para un periodo de 30 años, se pida que los proponentes tengan 15 años de experiencia y que hayan administrado ciudades con 20 mil luminarias.

Otro punto bastante llamativo es el relacionado con las luminarias LED (Light-Emiting Diode, por su sigla en inglés). En el pliego de condiciones se pide que los proponentes tengan una experiencia de mínimo 3 mil luminarias de este tipo.

En diálogo con este portal, un ingeniero con experiencia en iluminación pública nos explicó que “Colombia es un país en el que hasta ahora se está comenzando a implementar la tecnología LED en la red de alumbrado público, razón por la que muy pocas empresas pueden acreditar amplia experiencia en ese sentido. Sobra que un pliego de condiciones imponga ese tipo de condicionamientos tan específicos pues quien tenga experiencia en mantenimiento de luminarias de sodio, como son la gran mayoría en el país, puede hacerlo con las LED que efectivamente requieren mucho menos mantenimiento que las otras. Cúcuta, al imponer esa condición de entrada, está limitando el número de oferentes”.

Al observar detalladamente la tabla de puntuación fijada para la licitación, se estableció una calificación de 200 puntos para un acápite muy extraño al que llamaron “factor de calidad en el cumplimiento de la inversión”. A ojos de cualquier experto, este ítem indica un direccionamiento de la licitación por la carga de subjetividad que trae consigo. Llama la atención, así mismo, que al valor de la propuesta sólo se le asignen 300 puntos.

El elemento que marcará la diferencia está contenido en el cuestionable “factor de calidad en el cumplimiento de la inversión”, razón por la que desde ya muchos han considerado que el pliego para la licitación del alumbrado público de Cúcuta es un vestido hecho a la medida.

De acuerdo con una fuente de este portal, el exalcalde Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo desde la cárcel ha estado muy atento de los pormenores de este contrato en el que una de las personas que más interés ha mostrado es el controvertido empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca, dueño de la empresa AGM Desarrollo.

LOS IRREVERENTES intentaron contactar al actual alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala –ficha política de Ramiro Suárez- para que respondiera algunas preguntas sobre este cuestionable pliego licitatorio, pero no fue posible lograr que respondiera nuestras llamadas.

@IrreverentesCol