Sin libertad de prensa no hay democracia. Es así de sencillo. La necesidad de informar a la población y adelantar investigaciones serias en contra de aquellos que ostentan las más importantes posiciones dentro del Estado es vital para construir una ciudadanía crítica.

Y claro, no es una tarea fácil. En especial, porque implica muchas veces convertirse en la piedra en el zapato de los políticos, empresarios, etc. Por eso, no es raro que se produzcan amenazas o intentos de censura para callar las voces de los comunicadores.

Sin embargo, lo que nunca había sucedido en el País era que un juez acudiera a la tutela para lograr dicho propósito, tal como está sucediendo con la orden emitida contra Vicky Dávila y Semana, donde el togado consideró que los periodistas habían afectado la reserva del proceso.

Una interpretación completamente improcedente que no tiene sustento alguno, dado que las sanciones que acarrea la violación de la reserva en un proceso solamente son aplicables a los funcionarios judiciales y las partes del mismo, pero no a los comunicadores.

Y no afirmo lo anterior pensando en este caso en particular, sino en las implicaciones que traería para el País, toda vez que de consolidarse esta teoría le estaríamos dando cristiana sepultura a las investigaciones periodísticas que involucran procesos judiciales.

¿Se imaginan qué hubiera sucedido con casos como Interbolsa, el proceso 8000 o el carrusel de la contratación si los periodistas hubieran sido sancionados por publicar información que reposa en los expedientes judiciales?

Sencillamente hubiera sido imposible dar a conocer la verdad a la opinión pública…

Lo más irónico de todo, es que en este caso se acudió a la tutela, aquel mecanismo que se creó en la Asamblea Constituyente de 1991 para garantizar la eficacia material de la Constitución, para darle una estocada al corazón de la democracia.

Sin lugar a dudas, la censura, venga de donde venga, es completamente inaceptable. Así como los seguimientos y las interceptaciones a los periodistas no deben tener cabida en una democracia, tampoco se pueden utilizar los mecanismos judiciales para callar las voces de los medios de comunicación. Tal conducta, lejos de favorecer a la población, termina beneficiando a aquellos que no quieren que se conozca la verdad.

Por ello, es más que necesario que en la impugnación de la tutela se revoque el fallo de primera instancia. El periodismo no solamente necesita que se proteja la confidencialidad de la relación entre el comunicador y su fuente, sino que tampoco puede estar sujeto a persecuciones judiciales sin fundamento por la información que publica.

@Tatacabello

Publicado: octubre 9 de 2020