Colombia es un País que históricamente ha tenido episodios muy fuertes de violencia. De eso no queda la menor duda. Tal vez por eso, y por decisiones bien intencionadas de diversos gobernantes, siempre se ha buscado preservar el control de las armas en cabeza del Estado.

La lógica de ello es que si el Estado mantiene ese monopolio de manera efectiva hay menos probabilidad que los conflictos que emerjan entre los ciudadanos, de pequeña o gran escala, resulten en confrontaciones violentas que ocasionen homicidios o graves lesiones. En otras palabras, se favorece el camino de la institucionalidad antes que las acciones de los particulares.

Sin embargo, la preocupante situación de seguridad que se vive en las principales ciudades del País hace necesario que se abra el debate respecto de la libertad de armas, el cual, por supuesto, es bastante controversial.

Cada vez que se aborda no dejan de pasarnos por la mente las dolorosas imágenes de las masacres que ocurren en los colegios de Estados Unidos, País donde la libertad de armas es un derecho que está consagrado en la Constitución y, en la práctica, no existen mayores barreras para que cualquier persona adquiera una pistola, un fusil, etc.

No obstante, no deja de ser menos cierto que cada vez son más comunes los casos en que los ciudadanos quedan a la merced de la delincuencia por no tener cómo defenderse o, peor aún, cuando contienen la agresión con un arma de fuego legalmente obtenida terminan afrontando un desgastante proceso judicial donde la legítima defensa se convierte en un potencial homicidio.

Por eso, es hora de afrontar este tema con seriedad y profundidad. El caso del médico que abatió tres ladrones que buscaron robarlo es solamente la punta del iceberg de una realidad que se está volviendo cada vez más normal y que amerita una posición más definida por parte del Estado, dado que la actual genera una dañina ambivalencia donde no hay libertad para portar armas en general, pero se permiten casos puntuales cuya aplicación es tan limitada que termina generando una incertidumbre jurídica sumamente dañina.

¿Deben tener las personas el derecho de adquirir un arma de fuego? ¿Debe haber límites en la legítima defensa? ¿Es conveniente que los civiles cooperen con el Estado en materia de seguridad? ¿Prohibir el porte de armas desarma a los ciudadanos de bien y en nada afecta la situación de los delincuentes?

Todas estas preguntas tienen respuestas de diferentes matices. Lo importante, es abordarlas de tal manera que se logre un gran consenso nacional al respecto que gire, en mi opinión, en torno a tres grandes ejes: 1) la realización, por parte del Estado, de un censo efectivo de las armas existentes 2) establecer a qué personas se les debe restringir el acceso a las armas, ya sea por patologías médicas o por antecedentes penales 3) determinar en qué sitios y bajo qué circunstancias se pueden accionar.

¡Abramos el debate!

@Tatacabello

Publicado: febrero 7 de 2020