Esta semana y después de un largo proceso de trabajo se aprobó en el Congreso la Ley de Regiones, una esperanza de descentralización y autonomía administrativa que nació con la Constitución de 1991 pero que hasta la fecha no era más que letra muerta sin ningún tipo de aplicación.

En efecto, a pesar que la Constitución de 1991 mantuvo un modelo unitario de gobierno, amplió el margen de funciones de las entidades territoriales y dentro de ese escenario dejó la puerta abierta para que a futuro se constituyeran “regiones”, las cuales se podrían formar con dos o más departamentos y que tienen como propósito lograr una mejor articulación administrativa en pro del devenir de los ciudadanos de esa zona.

Esta propuesta, en palabras sencillas, permite que los departamentos que compartan características culturales se puedan unir para trabajar conjuntamente. Por ejemplo, todos los de la zona Caribe, el sur del País, el eje cafetero, etc.

Sin embargo, a pesar de las múltiples ventajas que trae esta figura, por diversos factores nunca se había logrado que el Congreso aprobara una ley de esta naturaleza. Afortunadamente, y gracias a su profundo compromiso con las regiones, la Federación Nacional de Departamentos lideró esta iniciativa que es consciente de la realidad demográfica y política de Colombia.

Porque, seamos realistas: ¿quién puede pensar que desde Bogotá se pueden solucionar las problemáticas del Urabá Antioqueño, de la frontera del Cesar con Venezuela o las dificultades que se viven a diario en el golfo de morrosquillo?

¿Será que desde Bogotá se puede responder efectivamente a la crisis que vive el sector ganadero en Córdoba, los problemas de movilidad en Cali, la inseguridad en Cúcuta o la deficiencia en infraestructura de saneamiento básico en La Guajira?

Y aunque con esto en ningún momento pretendo denigrar en lo absoluto el comportamiento gerencial de Bogotá, sí debemos ser conscientes que es muy dificil, por no decir imposible, pretender controlar absolutamente todo lo que pasa en un País tan diverso como el nuestro desde un escritorio en la capital.

Por eso, es que esta Ley es de suma relevancia, no solamente por el significado que tiene de responder un antiguo y permanente llamado de las regiones, sino porque permitirá que se logren tomar decisiones integradas entre departamentos que comparten características socio-culturales.

Ahora, solo falta que el Presidente de la República sancione la ley y se inicie su proceso de implementación. Con orgullo y patriotismo se puede decir que por fin y después de casi tres décadas los mandatarios regionales podrán ahondar esfuerzos para fortalecer su capacidad de negociación y no seguir estando arrodillados a un poder central que, infortunadamente, dependiendo del gobernante de turno, los mira por debajo del hombro después que finaliza la contienda electoral.

@Tatacabello

Publicado: diciembre 14 de 2018