Se lo han dicho al gobierno de Juan Manuel Santos de todas las formas posibles y, según parece, no le importa. Por un lado, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo de las Naciones Unidas, en su informe sobre drogas 2016 reportó el “enorme aumento del cultivo de coca” en Colombia.

Luego, este aumento sería corroborado por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (Ondcp, por sus siglas en inglés), que calificó de “alarmante” el aumento de los cultivos de coca en el país, con 188 mil hectáreas sembradas en el último año. Claro, el gobierno Santos no quiso aceptar dicho dato sino el de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es un “poco” más bajito.

Y es que tal como lo reconoció la Canciller María Ángela Holguín (aunque no le gustó mucho esa declaración al ministro del Postconflicto, Rafael Pardo), el acuerdo de paz con las Farc sí incidió en el aumento de los cultivos de coca. Obvio, según la Canciller, esto se debió a que los campesinos aumentaron la siembra para recibir los beneficios por la sustitución de cultivos, acordados en La Habana.

Sin embargo, este problema es “mucho” más grande y complejo. Pero, además, demuestra la incompetencia del gobierno a la hora de tomar medidas efectivas contra los cultivos ilícitos. Medidas, que por supuesto, no tienen que ver con esa impudorosa y descarada sugerencia de la Canciller de cambiar el “enfoque” de la lucha antidroga. Traducción de lo anterior: considerar de manera seria la posibilidad de la legalización. Y dicho en otras palabras: se les salió de las manos (con el patrocinio de las Farc), les quedó grande y no saben qué hacer.

El Gobierno al que usted pertenece, Canciller, ha fracasado estrepitosamente en su deber de erradicación. No porque la lucha contra el narcotráfico sea una lucha perdida que deba replantearse, sino por la mediocre capacidad de liderazgo y el desmedido interés de someter la institucionalidad, a cambio de una noción de paz que ya muestra el renacer de otras violencias.

Es que no se puede olvidar que en Colombia hubo una tendencia sostenida hacia la disminución de las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos entre los años 2000 y 2013. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno Santos no solo suspendió las aspersiones con glifosato sino que también parece que decidió suspender la lucha contra las drogas, en el último tramo de las negociaciones con las Farc. ¿A razón de qué? Juzguen ustedes.

Mientras tanto, los noticieros se inundan con titulares como “Alarmada la Policía por aumento de “mulas” en El Dorado. Según el último balance ya son 711 kilos de cocaína decomisada y 34 personas capturadas”. O “Desarticulan banda que utilizaba a menores para vender droga en el sur de Bogotá”. Pero aquí no pasa nada.

Y lo peor es que con la aprobación de la Justicia Especial para la Paz (que será una de las vergüenzas de nuestra historia), en la plenaria del Senado, se le garantiza a los terroristas guerrilleros y a sus financiadores narcotraficantes, la conservación de miles de millones de pesos que deberían haber servido para reparar a las víctimas de 50 años de violencia.

Entonces, ¿qué pasará con las políticas antidrogas en Colombia, más ahora en la era Trump? ¿Será que el presidente Santos también se “acaba de enterar”? Lo cierto es que seguiremos con ese infame primer puesto como productores de coca, que tanto nos duele a los colombianos orgullosos y patriotas.

@Tatacabello

Publicado: marzo 17 de 2017