Hace algunos días se dio en el Congreso uno de los debates más interesantes de la actual legislatura, por fin llegaba al orden del día de la Comisión Primera de la Cámara, un tema distinto al acuerdo entre las Farc y el presidente Santos. Asunto que ha capturado la discusión política y legislativa de los tres últimos años, impidiendo que otros temas de gran relevancia para el país hayan sido tratados.

La senadora liberal, Viviane Morales, acompañó una iniciativa ciudadana respaldada por 2.3 millones de colombianos, que le solicitaba al Congreso de la República convocar a un Referendo para que los ciudadanos se pronunciaran sobre la adopción por parte de parejas homosexuales. Los ciudadanos firmantes, a través de sus voceros, alegaban que la Constitución garantiza el derecho de los niños a tener una familia compuesta por papá y mamá y, por ende, la adopción por parte de parejas del mismo sexo constituía una vulneración al derecho de los niños. Por su parte, los detractores de la iniciativa, señalaron que, impedir a los homosexuales adoptar, violaba su derecho a la igualdad y por lo tanto no podía someterse a consideración de la mayoría un derecho de la minoría.

Claramente había dos posiciones encontradas, le correspondía al Congreso terciar y definir cuál era la instancia competente para tomar tan sensible decisión. ¿Quién debe decidir?, ¿6 Magistrados en la Corte Constitucional, el Congreso o el Pueblo Colombiano? Más allá de la posición que cada quien tenga sobre la adopción homosexual, en democracia, ante una diferencia como esta, se debe consultar al pueblo, Constituyente Primario. La democracia, gobierno de la mayoría, debe respetar y garantizar los derechos de las minorías, pero nunca puede desconocerse que el pueblo es la máxima autoridad sobre la tierra.

La discusión fue interesante, se escucharon sólidos argumentos a las dos partes y finalmente se hundió, en el tercer debate, a solicitud del gobierno. Pero más allá de la respetable posición que cada uno pueda tener al respecto, me sorprendió la intolerante descalificación de la que fue víctima el representante Silvio Carrasquilla, quien acudió a sus más íntimas creencias para argumentar su voto a favor de la convocatoria del Referendo. Carrasquilla citó pasajes de la Biblia para sustentar su convicción frente a la necesidad de garantizar a los niños un padre y una madre.

Las críticas no se hicieron esperar, importantes medios y periodistas censuraron su derecho a la libertad de culto y a la libertad de expresión. Gritaron con rabia que este era un país laico y que tenía que legislarse con la Constitución, no con la Biblia. Como si la Constitución de un país laico no defendiera el derecho del Cristiano a defender o a manifestar sus creencias. Tan válido es citar a Cristo como a Marx, tan legítimo es representar los derechos de la comunidad LGTB en el Congreso como los derechos o los intereses de las iglesias cristianas, judías o católicas.

Citar el Manifiesto del Partido Comunista o la Biblia, el decálogo gay o Don Quijote de la Mancha. De eso se trata una democracia liberal, en el Congreso tienen que caber los gays y los cristianos, los que defienden al proletariado y los que defienden la libre empresa. Que se respeten las minorías no les da derecho a censurar a las mayorías. Carrasquilla estaba en su derecho y en la obligación de representar a los cristianos, ellos lo eligieron para eso, y al que no le guste que no vote por él, pero todos tenemos que respetarlo.

@SHOYOS

Publicado: mayo 26 de 2017