En estas tres palabras ha centrado el presidente Duque su programa de gobierno. Ellas apuntan hacia el núcleo de las grandes necesidades de la sociedad colombiana en la hora presente.

Es indiscutible que padecemos hoy una profunda crisis institucional. El Imperio de la Ley está severamente agrietado y de hecho experimentamos la acción de poderes que lo desafían abiertamente o que diciéndose sus guardianes lo desconocen sin reato alguno.
En rigor, del gobierno popular, representativo, electivo, alternativo, controlado y responsable  que proclamaban nuestras primeras Constituciones, lo que queda es un entretejido de poderes mal ensamblados, unas veces ineficientes y otras desaforados.
La Corte Constitucional ha destruido la Constitución, que en sus manos es un texto que significa cualquier cosa que a ella le venga en gana. El tiempo le ha dado la razón a Alfonso López Michelsen, quien me dijo hace unos años que “más daño que la Constitución, ha hecho la Corte Constitucional”.
Una concepción demasiado dúctil de la juridicidad, como la que ahora se ha impuesto, trae consigo la arbitrariedad y, de contera, la corrupción del aparato judicial, que ya es espantosa. Y no tenemos Congreso capaz de ponerle freno, pues si intenta emprender a fondo una reforma de la justicia, la omnipotente Corte Constitucional hará trizas sus propósitos, como sucedió con el Acto Legislativo de 2015 sobre Equilibrio de Poderes.
Pedro Medellín  escribió hace poco un inquietante artículo titulado “El Desplome de la Legalidad”, en el que muestra a las claras la crisis de autoridad y, por ende, el auge de la anarquía en vastos sectores del territorio.   (Vid. El desplome de la legalidad). Es un vacío, una impotencia, que no solo se dan en regiones apartadas, sino en las ciudades mismas. Ya se habla, por ejemplo, de que el Cartel de Sinaloa controla varias comunas de Medellín. Y lo que sucedió en Bogotá hace pocos días con los desmanes de la protesta estudiantil indica que hay en marcha un firme propósito subversivo, sin duda alentado por la campaña de “resistencia” de Petro y sus conmilitones.
¿Qué puede hacer el presidente Duque para restaurar el Imperio de la Ley en Colombia? No es culpa suya que la Constitución vigente haya diluido y debilitado hasta el extremo la autoridad, como tampoco le es imputable la claudicación que entraña el ominoso NAF convenido por Santos y avalado por el Congreso y la Corte Constitucional. Lo cierto es que le toca gobernar amarrado por una camisa de fuerza para la que no hay remedios institucionales adecuados que permitan adecuarla a las necesidades actuales.
El propósito de avanzar hacia una sociedad más justa es del todo plausible. La nuestra es flagrantemente inequitativa desde muchos puntos de vista. Pero una cosa es reconocer nuestras falencias y otra muy distinta el modus operandi para corregirlas.
La acción social del Estado es un imperativo constitucional cuya legitimidad está por fuera de toda discusión.  Pero los propósitos que deben inspirarla y los procedimientos para articularla son asuntos que se prestan a los más arduos debates políticos. Con qué recursos se cuenta y cómo debe empleárselos, he ahí el meollo. La demagogia hace estragos y tras ella viene la corrupción. Lo que hizo Petro en Bogotá es buena muestra de lo que se logra mediante políticas sociales equivocadas. A Duque le corresponde insistir en la equidad, pero con políticas serias y ajustadas a las realidades socio-económicas.
Bien podría decirse hoy: “Dadme una buena economía y podré daros una buena política social”. Y está probado, más allá de toda discusión, que la buena economía depende  ante todo del emprendimiento privado. Que el Estado lo vigile, lo controle y lo encauce, quién puede dudarlo. Pero sin llegar a asfixiarlo, ni a imponerle trabas inútiles. Y, del mismo modo que decimos que hoy la acción de la autoridad está frenada por una insoportable camisa de fuerza, también la libertad y la creatividad del empresariado están constreñidas por un cúmulo insoportable de regulaciones e imposiciones que dificultan el cumplimiento de sus funciones sociales, que no son otras que las de generar riqueza, empleo, suministro de bienes y servicios necesarios para el bienestar de las comunidades, progreso en todos los órdenes.
Tarea hercúlea la que carga sobre sus hombros el actual gobierno en su propósito de estimular las fuerzas productivas para poner la sociedad colombiana a la altura de las sociedades modernas.
Reitero que al presidente Duque hay que otorgarle un generoso voto de confianza, pues los problemas que le toca manejar son arduos a más no poder y los recursos con que cuenta son sobremanera escasos.
Jesús Vallejo Mejía
Publicado: noviembre 15 de 2018