Santos, ese mismo que le entregó el país a la ilegalidad, que le garantizó la impunidad a los más peligrosos terroristas de nuestra historia, que permitió que nuestro país se convirtiera en un mar de coca, que eliminó de facto la extradición de narcotraficantes y que desmanteló a la Fuerza Pública, horas antes de abandonar el gobierno sancionó una ley que permitirá que cualquier delincuente que se haga pasar por integrante de una estructura armada ilegal, pueda someterse a la justicia y reciba beneficios por su entrega.

La denominada ley de sometimiento de las Bacrim, no tiene nada de bueno. Es la manifestación de que el Estado no tiene la disposición de enfrentar a los grupos ilegales y narcotraficantes.

Para un Estado de Derecho, cualquier norma que conceda beneficios a ilegales es, en la práctica, un reconocimiento de su incapacidad para mantener la seguridad y combatir eficazmente a los antisociales.

Cuando se hizo la denominada ley de justicia y paz en el año 2005, para efectos de propiciar la desmovilización y la desarticulación de las estructuras que integraban a las AUC, se introdujeron una serie de preceptos para efectos de establecer las condiciones para que una estructura ilegal pudiera ser considerado como “grupo armado organizado al margen de la ley”.

En aquel entonces, se impusieron unas condiciones muy fuertes, pues el objetivo era el de impedir que a futuro cualquier grupo de delincuentes pudiera demandar beneficios a cambio de su desmovilización.

Para ponerlo como un ejemplo, un frente de las AUC militarmente poderoso como el Bloque Central Bolívar, tenía todas las características de “grupo armado organizado al margen de la ley”, cosa que no sucedía con una bandola de ladrones de carros cuyos integrantes portaban armas.

Ahora, Santos ha bajado al mínimo las condiciones, facilitando que reincidentes y disidentes, puedan acogerse a beneficios jurídicos. Así las cosas, aquellos que en el pasado despreciaron la mano generosa del Estado y prefirieron seguir en la delincuencia, matando, aterrorizando a la comunidad y traficando drogas ilícitas, ahora resultaron premiados por el gobierno de Santos con una norma generosa cuyos beneficios no se los merecen.

El presidente Iván Duque adquirió el compromiso irreductible de regresar a Colombia por el sendero de la legalidad. Y para que ello ocurra, debe partirse por la eliminación de cualquier asomo de impunidad.

Los Estados no pueden rendirse frente a la ilegalidad. Es deber de los gobernantes el de garantizar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos a través del ejercicio de la fuerza legítima frente a las amenazas antisociales.

Flaco servicio se le presta a la democracia con normas como la recientemente sancionada por el presidente saliente, quien literalmente se hincó de rodillas ante la criminalidad, dejándole a los colombianos además del amargo recuerdo de un pésimo gobierno, una ley que resulta nauseabundamente favorable a los peores delincuentes que hay en nuestro país.

@IrreverentesCol

Publicado: julio 11 de 2018