Durante la campaña presidencial del año pasado una de las afirmaciones que más revuelo causó fue la expresada por el exministro Fernando Londoño, quien sostuvo que era necesario “hacer trizas” el acuerdo con las Farc. Las innumerables concesiones al terrorismo o la falsa ilusión de una colaboración para el desmantelamiento del narcotráfico eran algunos de los elementos que hacían necesaria considerar esa opción, más aún cuando la refrendación del documento había sido rechazada en las urnas.

Pero sobretodo la impunidad ofrecida al secretariado era sin duda alguna el aspecto más relevante y al mismo tiempo preocupante del acuerdo. La idea de pagar “penas alternativas” -que no es otra cosa diferente a un término estéticamente trabajado para ocultar la falta de sanción real- era más que seductora para la guerrilla, para lo cual se necesitaba crear un tribunal que lo hiciera realidad.

De la JEP, sinceramente, no había mucho de esperarse. El País sabía perfectamente de los claros sesgos ideológicos de sus participantes -algunos de ellos políticos frustrados o encarnizados enemigos de las FFMM-, además de los millonarios contratos que la mayoría de los magistrados habían suscrito con el desgobierno Santos.

Sin embargo, la misma JEP ha superado los límites del absurdo y se ha empeñado en destrozar progresivamente la poca confianza que la ciudadanía tenía en ella. Prácticamente ha vuelto trizas cualquier esbozo de legitimidad popular frente a su accionar, sin necesidad que el Gobierno, el Congreso o cualquier otro actor intervengan para tal fin.

La interminable maraña burocrática, completamente clientelista y derrochadora a discreción de miles de millones del erario público, la falta de control y supervisión, los esfuerzos completamente leguleyos para dilatar a como dé lugar la extradición del bandido de Santrich, la judicialización de la ex Secretraria General y el último y sonado escándalo de corrupción en la Fiscalía de la entidad demuestran las falencias estructurales de este tribunal.

En algo más de un año de funcionamiento la mayor gestión para mostrar ante el País ha sido una audiencia a puerta cerrada, sin participación de las víctimas, donde Timochenko narró cínicamente cómo había sido su vida en el monte, como si se tratara de una pobre viejecita que se fue de viaje y ahora llega a contarle su experiencia a sus nietos.

La JEP, en otras palabras, no ha sido otra cosa diferente a un despilfarro de casi 300mil millones de pesos anuales, recursos que perfectamente se podrían estar invirtiendo en el saneamiento fiscal del sistema de salud, en inversiones en infraestructura educativa o en programas de saneamiento básico para los municipios más vulnerables.

Esta entidad requiere urgentemente reformas de fondo y el primer paso para ello debe ser la objeción presidencial a la ley estatutaria de la JEP. El juzgamiento de los mayores criminales en la historia de Colombia no puede seguir siendo una payasada mediática donde las irregularidades y la falta de efectividad priman por encima de la legítima exigencia de justicia del pueblo colombiano.

PD: Que paradojas tan dolorosas las de este País. Mientras a Santrich le crean de manera express una segunda instancia en la JEP para revisar cualquier decisión que se tome frente a su extradición, a Andrés Felipe Arias le niegan la segunda instancia acudiendo a una aplicación limitada del principio de favorabilidad penal, a pesar del claro pronunciamiento del Comité de DDHH de la ONU. ¡Pareciera que la protección de derechos humanos solo aplica si se es guerrillero, narcotraficante y asesino!

@LuisFerCruz12

Publicado: marzo 6 de 2019