Enhorabuena se ha tomado la decisión de ordenar el embargo los recursos que por reposición de votos le fueron aprobados al corrupto Gustavo Petro quien esperaba recibir la cuantiosa suma de $23 mil millones de pesos por parte del Estado colombiano.
Resulta inadmisible que los colombianos le desembolsan esa multimillonaria cifra a un sujeto que le debe a Bogotá miles de millones de pesos, tal y como se desprende de las 3 sanciones impuestas por la Contraloría de la capital colombiana.
El 12 junio de 2017 el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la contraloría de Bogotá, Mauricio Barón Granados, le imputó a Petro “responsabilidad fiscal solidariamente en cuantía de $279.357.190 millones de dólares” por cuenta de la operación por medio de la que la Empresa de Energía de Bogotá adquirió a ECOGAS, un negocio por el que el distrito capital pagó $3.2 billones de pesos y se creó como consecuencia de ese negocio a la denominada Transportadora de Gas Internacional, TGI, para la que se destinó un capital social de $750 mil millones de pesos.
Así, por instrucción de Petro, la Empresa de Energía desembolsó $750 mil millones y autorizó el apalancamiento de una deuda de $2.5 billones de pesos.
Como la Empresa de Energía no tenía aquel dinero a la mano, en el año 2007 recurrió al sistema bancario internacional donde adquirió un préstamo de US$1.4 mil millones de dólares.
A partir de ese punto, empezó una sofisticada carrera para capitalizar a TGI, pues sus deudas eran gigantescas, con lo que con el paso de los meses la participación de la Empresa de Energía se vio gravemente lesionada. Cuando se hizo el negocio, Bogotá era dueña del 97.9% de TGI.
Gracias a la operación de endeudamiento y capitalización, se generó una dilución de la participación accionaria, llegando 68.05%.
Al final del día hubo un evidente detrimento patrimonial que en criterio de la Contraloría de Bogotá, Gustavo Petro y Sandra Fonseca Arenas -quien era la presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá- “no emplearon la diligencia requerida para el tipo de negocio que se les encomendó”.
El contralor encargado del caso, decidió, en consecuencia, que “los aquí imputados [Petro y Fonseca] les nace la obligación solidaria de responder por el detrimento causado al patrimonio del Distrito”.
Petro deberá pagarle, por ese negocio hecho a las patadas y sin rigor ninguno, que se tradujo en un monumental detrimento de las arcas capitalinas, la suma de $280 millones de dólares a Bogotá.
Pero aquel no es el único proceso fiscal que tiene el representante de la denominada Colombia Humana.
A través de la resolución 2698 del pasado 16 de noviembre de 2018, el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra dejó en firme el fallo que le impuso a Gustavo Petro y otros exfuncionarios distritales una millonaria sanción por el detrimento que sufrió la capital colombiana con ocasión del diseño e implementación del esquema de recolección de basuras.
En efecto, para la Contraloría, “la gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica desarrollada en el diseño, estructuración e implementación del esquema de basuras para Bogotá en diciembre de 2012, fue la que ocasionó los efectos económicos adversos para el patrimonio público, que se materializó en el pago de las multas impuestas por la SIC [Superintendencia de Industria y Comercio] a la EAB [Empresa de Acueducto de Bogotá] y a la UAESP [Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos]”.
Así las cosas, Petro y sus subalternos en la Alcaldía de Bogotá, deberán pagarle a Bogotá más de $130 mil millones de pesos.
A ese escándalo, se suma uno más por el que Contraloría también halló responsable a Petro y por el que le debe pagar al distrito capital poco más de $33 mil millones de pesos: el contrato celebrado entre la empresa de Acueducto de Bogotá y el consorcio Daewoo-KMA.
La capital pagó una multimillonaria suma de dinero para que dicho consorcio recogiera el 100% de la basura, a pesar de que Petro sabía previamente que aquellas empresas sólo tenían capacidad técnica para cubrir la recolección del 52% de los desechos.
Esas sanciones explican y justifican sobradamente la solicitud recientemente elevada por la Contraloría de Bogotá para que el Estado, a través de la registraduría y el consejo nacional electoral, se abstenga de darle a Petro los $23 mil millones que le corresponden por reposición, dado el resultado que obtuvo en las elecciones presidenciales de 2018. Aquel dinero, que es una mínima parte de lo que Petro le debe a los bogotanos, debe ser entregado a la capital para efectos de mitigar, así sea un poco, el saqueo y el detrimento de que fue objeto la ciudad durante la nefanda administración de Gustavo Petro Urrego.
Publicado: febrero 21 de 2019