Las evidencias reveladas por LOS IRREVERENTES son las pruebas que enredan a la cuestionada exministra de Transporte santista Cecilia Álvarez.

El 29 de octubre de 2012, dos meses después de haber asumido como ministra de Transporte de Juan Manuel Santos, la doctora Cecilia Álvarez Correa fingió estar impedida “para conocer y decidir sobre todos los asuntos relacionados con las Sociedades Portuarias Regionales de Cartagena y Buenaventura”.

Aquello, porque en dichas compañías la familia de su pareja permanente posee una significativa participación accionaria.

En efecto, el padre y los hermanos de Gina Parody, con quien la doctora Álvarez tiene desde el año 2009 una sociedad marital de hecho, son accionistas de las empresas portuarias de Cartagena y Buenaventura.

Para materializar el supuesto impedimento, Cecilia Álvarez hizo que la presidencia de la República emitiera el decreto 2224 de 2012.

 

Decreto en el que Cecilia Álvarez fingió declararse impedida frente a temas relacionados con la familia Parody

 

Pero los hechos y el paso del tiempo se han encargado de demostrar que todo era una tapadera de la hoy exministra investigada por la procuraduría general de la nación, Cecilia Álvarez.

Aunque en apariencia estaba impedida, en la práctica ella se empleó a fondo para favorecer a la familia Parody que un año y medio antes de su nombramiento en el ministerio de Transporte, había iniciado el trámite para construir un puerto en el municipio de Gamarra.

Para tal efecto, le comunicaron a Cormagdalena que tramitarían las licencias ambientales y demás documentos para emprender las obras.

Para que el puerto de la familia Parody fuera un negocio rentable y valiera la pena hacer la millonaria inversión prevista en $200 millones de dólares para su construcción, era necesario hacer una carretera que uniera a Gamarra –municipio donde se construiría el puerto- con Ocaña.

Pero también resultaba fundamental que el río Magdalena fuera navegable, pues la carga que se mueve a Gamarra parte desde el puerto de Cartagena, también de propiedad de la familia Parody. (Sobre esta historia, lo invitamos a leer “Carretera al puerto”).

Y en ambas obras, la doctora Cecilia Álvarez Correa, como ministra de Transporte, jugó un papel definitivo.

Primero, en la licitación para la navegación del río. En junio de 2013, cuando ya estaba supuestamente impedida, declaró ante medios de comunicación que la adjudicación del proyecto de navegabilidad “va a estar para el segundo semestre [2013] del año. Próximamente vamos a hacer un Conpes y el Confis. Ustedes saben que la precalificación de 9 empresas se cerró; se eligieron 3, dos consorciadas con empresas colombianas y otra española…”.

 

Curiosamente, la doctora Cecilia Álvarez, tan interesada en ese negocio a pesar de haberse declarado impedida pues era evidente el favorecimiento a la empresa portuaria de los Parody, terminó asignando el negocio de la navegabilidad del Magdalena a un consorcio mayoritariamente integrado por Odebrecht, luego de que sus competidores se retiraran de forma sospechosa, pocos días antes de la adjudicación. (Sobre esa cuestionable adjudicación, puede leer “El cambiazo”).

Antes de ello, la doctora Cecilia Álvarez, como ministra de Transporte, suscribió el documento Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013 por medio del cual, se incorporó el “plan para reestablecer la navegabilidad del río Magdalena”.

En dicho documento Conpes se dijo de manera expresa que “actualmente se están definiendo importantes inversiones para cuatro puertos ubicados en Gamarra, Cesar…”.

Uno de eso puertos se llama Terminal Fluvial Andalucía y sus propietarios son los Parody. Es evidente que la señora Cecilia Álvarez lo sabía, pues desde antes de que ella asumiera el ministerio de Transporte la familia de su pareja permanente ya había iniciado los trámites para quedarse con la concesión del puerto en cuestión.

Adjudicado el puerto y contratada la recuperación del río, a los Parody sólo les hacía falta una carretera que llegara hasta su puerto y facilitara el transporte terrestre del 1.2 millones de toneladas que se proyecta mover por el mismo.

Y la solución llegó días antes de que tuviera lugar la primera vuelta presidencial de 2014, cuando de manera abiertamente ilegal la agencia nacional de infraestructura, ANI, -entidad que depende del ministerio de Transporte- le entregó a Odebrecht una adición de $900 mil millones de pesos para la construcción del tramo entre Ocaña y Gamarra, el cual no tiene ninguna coincidencia con la denominada ruta del sol II. Son dos carreteras distintas que en criterio de expertos en materia de contratación estatal debió ser adjudicado a través de licitación y no de adición, como en efecto hizo la doctora Álvarez en su condición de ministra de Transportes. (Sobre ese acto de evidente corrupción pública, puede leer “La ruta Parody”).

Para cerrar el ilícito, en octubre de 2014 se reunió el consejo de ministros santistas para discutir y suscribir el documento Conpes 3817 sobre la “importancia estratégica del proyecto vial Autopista Ruta del Sol, tramo 2”.

Cecilia Álvarez concurrió en condición de ministra de Comercio, Industria y Turismo –pocas semanas antes había dejado el ministerio de Transporte- y  Gina Parody como ministra de Educación.

Lo evidente es que en aquella reunión de ministros, Álvarez les hubiera advertido a sus colegas de gabinete que ella estaba impedida desde 2012 para discutir asuntos que directamente beneficiaran a la familia de su pareja permanente y que Gina Parody, obviamente, se hubiera retirado puesto que en el Conpes se hacía referencia expresa a un importante negocio de su padre y hermanos.

No solo no se retiraron ni expresaron impedimento alguno, sino que muy activas tanto Cecilia Álvarez y Gina Parody suscribieron ese Conpes. (Sobre este oscuro capítulo, le recomendamos leer “El dúo dinámico”).

Todas estas evidencias, que a lo largo de este año fueron reveladas ante la opinión pública por LOS IRREVERENTES, han sido tenidas en consideración y análisis por los organismos de control y por la fiscalía general de la nación.

No son pocos los que consideran que las exministras Parody y Álvarez violaron flagrantemente la ley. El fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando ejercía como abogado particular, conceptuó que el tramo Ocaña-Gamarra debía ser adjudicado a través de licitación pública y no a dedo como en efecto hizo la doctora Álvarez, desconociendo arbitrariamente el criterio y los conceptos que se emitieron al respecto. (Le puede interesar “Caso Odebrecht no se detiene”)

La procuraduría anunció la apertura de investigación formal contra la doctora Álvarez Correa y en los próximos días la fiscalía definirá cuál va a ser la suerte de la exfuncionaria que hoy se encuentra fuera del país.

@IrreverentesCol

Publicado: abril 28 de 2017