La comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes presentó un escrito de acusación contra el corrupto Leonidas Bustos, cabecilla indiscutible del denominado “cartel de la toga”.

Bustos, en su momento considerado por la revista “Semana” -dirigida por un sobrino de Juan Manuel Santos- como “el magistrado de la paz”, en realidad era un delincuente de altísima peligrosidad que se dedicaba a extorsionar investigados y a vender sentencias, con el apoyo del extraditado Gustavo Moreno.

Según los investigadores, la estructura criminal comandada por Bustos identificaba a las personas investigadas por la corte suprema de justicia para efectos de exigir multimillonarios sobornos a cambio de lograr el archivo de sus procesos. 

Los investigadores descubrieron los montos que Bustos y sus cómplices exigieron en los distintos casos en que hubo corrupción. Hay evidencias que demuestran cómo Bustos tramitó sobornos en procesos que llevaban otros magistrados que integraron el “cartel de la toga”, como Gustavo Malo y Eyder Patiño, contra quien se compulsaron copias para que se inicie una investigación en su contra. 

Bustos, quien al verse con el agua al cuello resolvió huir del país, se encuentra en este momento en Canadá, país en el que estaría tramitando un asilo político. De ser así, le corresponderá a la justicia tramitar, cuanto antes, la extradición a Colombia de ese peligroso delincuente. 

Sería una vergüenza para el país que Bustos se salga con la suya y no le ponga la cara a la justicia para que responda por los delitos que él cometió. 

La acusación contra Bustos está generosamente cargada de detalles. Uno de los episodios más detallados es el de la compra de un reloj Cartier, por el que Gustavo Moreno pagó poco menos de $43 millones de pesos. 

Según Moreno, Bustos le exigió ese reloj como pago de uno de los sobornos. En consecuencia, el 29 de diciembre de 2012, el ahora extraditado exfiscal anticorrupción se dirigió a la tienda de Cartier en el norte de Bogotá donde compró -pagó en efectivo- el reloj. Estaba acompañado por el entonces presidente de la corte suprema, Leonidas Bustos. Testigo de esa transacción es el vendedor de la lujosa tienda, el señor Ricardo Pérez. 

Una de las conclusiones más interesantes de la acusación contra Bustos es la solicitud de investigación contra el actual presidente de la sala penal de la corte suprema de justicia Eyder Patiño, sujeto muy cuestionado al que hace pocos días el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa.

En la acusación contra el prófugo Leonidas Bustos también se compulsan copias contra el cuestionado exfiscal Eduardo Montealegre y su segundo, el oscuro Jorge Fernando Perdomo. Así, gracias a esa decisión judicial, quienes llevaron las riendas de la fiscalía durante la época más siniestra de esa entidad, quedan formalmente vinculados con el “cartel de la toga”.

A Montealegre se le va a investigar por haber prestado el presupuesto de la fiscalía para hacerle un contrato ficticio de trabajo a Gustavo Moreno. El dinero de ese contrato sirvió para pagar la oficina en la que operaba la organización criminal.

Jorge Fernando Perdomo será investigado por haber intervenido en los procesos contra los excongresistas Álvaro Ashton y Nilton Córdoba. Obviamente, su participación consistía en lograr -con corrupción- que esas investigaciones fueran archivadas. 

Al decir popular, la justicia cojea, pero llega. Ha pasado mucho tiempo desde que empezó a hablarse del “cartel de la toga” y hasta ahora se conocen las primeras decisiones contra los cabecillas de esa organización criminal. Nunca es tarde. 

@IrreverentesCol

Publicado: mayo 15 de 2019