Los desgarradores relatos de las mujeres de la Corporación Rosa Blanca, víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, hicieron más indeclinable que nunca nuestra lucha contra la impunidad y en favor de una definitiva reforma a la justicia transicional.

Las denuncias que han hecho las víctimas, que van desde el reclutamiento forzado hasta el sometimiento de niñas -entre los 10 y 17 años de edad- a toda clase de vejámenes sexuales y abortos ilegales, superan de lejos la capacidad de tolerancia que debiera tener cualquier Estado digno.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las Farc tienen 4.755 víctimas conocidas de violencia sexual, sin embargo, pocas están dispuestas a luchar contra la impunidad.

La Corporación Rosa Blanca expuso, como parte de sus denuncias, un documento en el que revela los nombres de los 25 jefes de las Farc con más denuncias por violación y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, esto con base en los testimonios de las 1.200 mujeres que la integran, y las denuncias que hasta ahora se han impetrado en la Fiscalía.

Sorprende, aunque no debiera, encontrarse en esa lista con los ahora “honorables senadores” Pablo Catatumbo, Victoria Sandino y Carlos Antonio Lozada; con dirigentes como ‘Pastor Alape’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’; con ‘Timochenko’, líder natural de la FARC, y hasta con los extintos comandantes ‘Raúl Reyes’ y el ‘Mono jojoy’.

Y digo “sorprende” porque cuesta entender cómo fue que depravados de tal calaña, responsables de crímenes de lesa humanidad, saltaron de la selva a una silla en el Congreso; cuesta verlos pasearse por ahí libremente, viviendo de las fortunas que les dejaron las actividades ilícitas, mientras que las víctimas siguen siendo casi invisibles, como las huellas internas que les dejó su obligado trasegar por los caminos de la guerra.

Indigna que ahora, después de haber defraudado al país durante más de medio siglo, los exguerrilleros de las Farc pretendan dar vuelta al asunto y pintar de enemigo de la paz a todo el que pretenda hacerles pagar sus crímenes.

Desconcierta que ahora no sean solo una minoría en el Congreso sino que cuenten con el apoyo de otros partidos que, más que por convicción, se mueven por el odio que sienten por el actual Gobierno y por nosotros, sus aliados, cuando la lucha por la justicia y la protección a las víctimas debería ser una causa común, sin color que nos diferencie.

Como sociedad tenemos el deber de acudir al llamado de las víctimas e impedir que sus victimarios gocen de impunidad, lo que en definitiva sería una verdadera bofetada para miles de ellas.

La paz no se consigue cerrando los ojos y haciendo de cuenta que en Colombia nada pasó. No se puede construir paz pasando por encima del dolor de tantas mujeres que después de todo siguen esperando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

@JenniferAriasF

Publicado: marzo 21 de 2019