La española Almudena Mazarrasa fue la primera enviada en nuestro país de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Llegó a Colombia en 1997, en medio del dramático crecimiento de la guerrilla terrorista de las Farc, mientras que en vastas regiones de Colombia -particularmente en el norte del país- los grupos de autodefensa ilegal afianzaban su presencia criminal. 

La apertura de una oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, fue iniciativa del gobierno de Samper. El corazón de Samper estaba (y está aún) con la izquierda y, a pesar de ello, la izquierda terrorista atacó a su gobierno sin misericordia. Él decía no entender a los terroristas: quería dialogar y cogobernar con ellos, rendírseles (cosa que por fin lo logró, años después, Juan Manuel Santos, un presidente del mismo talante apaciguacionista y claudicante). 

Samper y su ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía, buscaban, desesperados, dialogar con los enemigos del Estado. La carta que dirigieron al canciller alemán, Kohl, los pinta de cuerpo entero: “Su Excelencia: la actividad guerrillera ofrece las mayores dificultades, sin que las propuestas gubernamentales de reconciliación hayan sido consideradas. Ayúdenos a propiciar un diálogo constructivo con las Farc y el Eln que permita un sano entendimiento y una paz duradera”.

El gobierno de Samper pidió la creación de aquella oficina, haciéndose eco de los señalamientos (unos verdaderos, otros falsos) contra Colombia por cuenta del deterioro de los Derechos Humanos. Samper y María Emma Mejía dijeron reconocer que eran violaciones permanentes y generalizadas, pero no aclararon una obviedad: que los violadores sistemáticos eran las Farc, el ELN y las AUC y no el Estado que él mismo presidía. 

Por aquella época, sin titubeo alguno, la Unión Europea emitió un informe en el que sostuvo que el nuestro era uno de los países donde más se violaban los derechos fundamentales y, claro, si Samper no quiso hacer la aclaración sobre quiénes eran los criminales, menos tenía por qué hacerlo la burocracia internacional. 

Las organizaciones sociales y, por supuesto grupos de la izquierda, recibieron con los brazos abiertos la llegada de la señora Mazarrasa, una diplomática española con amplia experiencia en asuntos humanitarios. Antes de aterrizar en Colombia, estuvo al frente de misiones en países africanos que habían estado inmersos en sangrientas guerras civiles.

La alegría les duró muy poco a los mamertos, pues 9 meses después de su llegada, Mazarrasanreconoció abiertamente que el problema de los derechos humanos en nuestro país era de responsabilidad de todas las partes involucradas en los actos de violencia y no un asunto exclusivamente del Estado. Así, dejó claro que la responsabilidad era de los grupos guerrilleros.

De inmediato, las ONG de derechos humanos locales -de extrema izquierda, dedicadas a hacer política y en muchos casos encubridoras de los crímenes de las Farc y el Eln- salieron a descalificar a la delegada española, acusándola de extralimitar sus funciones, pues ella “debe concentrarse en defender los derechos humanos y no en hablar de asuntos de guerra y paz”.

A Mazarrasa su estadía en Colombia se le hizo imposible. No fueron pocos los que llegaron a señalarla de ser aliada del paramilitarismo, a pesar de que una de sus acciones más relevantes fue la de solicitar formalmente la eliminación de las Convivir, cooperativas de vigilancia creadas por el gobierno de César Gaviria. 

Con ocasión del cuestionado proceso de negociaciones de Pastrana con los terroristas de las Farc que implicó el despeje de más de 40 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio, los cuales fueron utilizados por esa banda terrorista para llevar a miles de secuestrados que estuvieron confinados en verdaderos campos de concentración, la ONU creó la figura del “asesor especial del secretario general de la ONU para el proceso de paz”. La primera persona en ser designada en aquel cargo fue el noruego de extrema izquierda, Jean Egeland.

Ese sujeto estuvo dos años en Colombia y no se recuerda una sola intervención suya denunciando las atrocidades cometidas por la banda narcotraficante de las Farc mientras cogobernaba a Colombia desde la zona otorgada por el débil Andrés Pastrana. 

Delegado de la ONU, Alberto Brunori

Luego de Egeland, vino el alemán James Lemoyne, un radical enemigo de las Fuerzas Militares colombianas que en su momento aseveró con total desparpajo que la cúpula de la banda terrorista Farc estaba integrada por “hombres y mujeres con profunda formación política”. 

Aquel fue otro al que jamás se le oyó un solo reclamo en contra de las barbaridades llevadas a cabo por la guerrilla que él admiraba. 

Cuando empezaba a perfeccionarse el proceso de paz entre el gobierno del presidente Uribe y los grupos de autodefensa, Lemoyne llegó al extremo inaudito de exigir que la norma que empezaba a discutirse -y que al final fue la denominada ley de Justicia y Paz-debía ser acordada con su oficina, algo tan exótico que el propio Cesar Gaviria -que para la época era secretario general de la OEA- quien no era uribista, salió al paso y rechazó semejante acto de injerencia indebida en asuntos internos de nuestro país. 

Han pasado cerca de 15 años desde aquella inadmisible intromisión de Lemoyne y un representante de la ONU nuevamente vuelve a ser noticia por cuenta de su imprudencia. 

Esta vez es el jefe de la oficina de derechos humanos, el italiano Alberto Brunori quien abusivamente -y en abierta extralimitación de sus funciones- conminó al señor presidente de la República a sancionar la polémica ley estatutaria de la JEP.

Resulta inaceptable que funcionarios de la burocracia internacional obren como ruedas sueltas, sobre todo en contravía de lo que el gobierno, a través del canciller Carlos Holmes Trujillo, ha hablado directamente con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En palabras del ministro Trujillo, “declaraciones del representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señalando que el presidente Iván Duque debe sancionar inmediatamente la ley estatutaria de la JEP, no coincide y se aparta de los términos de la conversación con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres”.

Colombia escasamente puede lidiar con sus propios problemas y dificultades, como para que ahora el gobierno tenga que aguantar al representante de un organismo multilateral dándole órdenes al presidente de la República. Bueno sería que el señor Brunori, que lleva cerca de un año en nuestro país, leyera la constitución política para que entienda que el nuestro es un Estado de derecho sólido. 

El gobierno del presidente Duque no puede tolerar que Brunori repita en Colombia lo que hizo en Guatemala, país en el que estuvo 6 años, opinando sobre todos los asuntos, ejerciendo presiones indebidas sobre funcionarios públicos y metiendo sus narices en asuntos totalmente ajenos a sus funciones. 

Hay momentos en los que se debe proceder con verticalidad y no está de más que el presidente y su canciller exploren la posibilidad de solicitarle a la ONU respetuosa pero vehementemente el retiro de Brunori de Colombia.

@IrreverentesCol

Publicado: marzo 18 de 2019